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La AEB exige al Govern que «asuma la nueva realidad jurídica» sobre la enseñanza del castellano y el catalán

Recuerda a la Generalitat que tiene que informar al TSJC y a la sociedad de las instrucciones que va a dar

Aula de un colegio de infantil y primaria Foto: Europa Press

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha exigido este viernes al Govern que «asuma la nueva realidad jurídica» provocada por la sentencia del TSJC que obliga a que al menos el 25% de la enseñanza en los centros educativos de Cataluña sea en castellano. La sentencia ya es firme y así se lo ha comunicado este viernes el TSJC a la Generalitat.

Ana Losada, presidenta de la AEB, en una imagen de archivo.

La AEB, presidida por Ana Losada, ha recordado en un comunicado que el Govern ahora tiene que «informar al TSJC y a la sociedad en general de las instrucciones que va a dar para hacer eficaz el modelo de conjunción lingüística en todo el sistema educativo catalán». También ha indicado que «no existe razón alguna» que justifique el incumplimiento de la sentencia y ha invitado al Govern a «cambiar el sistema educativo catalán para adaptarlo a la Constitución y al ordenamiento jurídico».

Amparo de la Justicia si no se ejecuta

La entidad también ha advertido al Ejecutivo autonómico presidido por el republicano Pere Aragonés que, si no cumple lo ordenado por el TSJC, la AEB utilizará «todos los medios a su alcance» para que lo haga. Esto incluye, ha añadido, la presentación de un incidente de ejecución con el que reclamará que sea la Justicia la que «determine el órgano u órganos que han de responsabilizarse de realizar las actuaciones que hagan posible el modelo de conjunción lingüística en el sistema educativo catalán». Esto incluye fijar el plazo en el que debe llevarse a cabo y los medios con que tendrá que hacerse efectivo.

En primer término, el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray (Govern).

La AEB, finalmente, ha exigido al departamento de Educación, dirigido por el también republicano Josep González Cambray, que indique a todos los centros educativos que han de modificar sus proyectos educativos para adaptarlos a la sentencia. «Tanto la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa como el Código Penal«, ha advertido la asociación, «ofrecen herramientas para impedir y sancionar cualquier medida dirigida a entorpecer la plena eficacia de las decisiones judiciales firmes. Actuaremos contra ellas».

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