Rumores deprimentes
Estos días están circulando rumores sobre la Comisión de Expertos, designada por Hacienda para hacer propuestas sobre la Reforma Fiscal. La cosa está a punto porque, antes de finalizar este mes de enero, la Comisión elevará a Hacienda un borrador. Está previsto que Hacienda lo revise y pida aclaraciones y, a la vista de eso, la Comisión presentará el 28 de febrero su Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria.
No nos gusta lo que se está sabiendo sobre esta Comisión. Para empezar, dos miembros han dimitido recientemente. ¿Por qué? ¿No pueden hacer constar su opinión discrepante? ¿Se quiere que todas las propuestas de la Comisión sean unánimes? Esto pinta mal porque la unanimidad en estos temas es sospechosa. Lo normal es que estas propuestas se aprueben por mayoría y que los minoritarios expliquen su voto particular. También oímos que Hacienda ha sido muy cuidadosa en la selección de los miembros de la Comisión, de modo que la mayoría es sensible a las ideas oficiales. Es malo que puedan alimentarse dudas sobre la independencia de los expertos. No las hubo con los de la anterior Comisión para la Reforma Fiscal de 2014 (la Comisión Lagares).
«¿Se quiere que todas las propuestas de la Comisión sean unánimes? Esto pinta mal porque la unanimidad en estos temas es sospechosa».
¿Quieren armonizar patrimonio y sucesiones?
Y una de las cosas que más nos preocupa es que, según se rumorea, la Comisión propondrá la armonización de Patrimonio y Sucesiones. Dicen que para evitar la competencia fiscal perjudicial entre CCAA. Se manejan varias fórmulas para esto. Una de ellas es una ley estatal que imponga a las CCAA una horquilla o una cuota mínima (bastante alta) por estos impuestos. Hay otra que va en línea con las enmiendas de Unidas Podemos y ERC a la Ley de Presupuestos. Se trata de que el Estado apruebe un Impuesto estatal sobre Patrimonio y otro sobre Sucesiones y Donaciones, y que de la cuota a pagar se deduzca el Impuesto autonómico pagado. De este modo, los madrileños, andaluces, gallegos… pagarían el Impuesto estatal, y no podrían deducir nada. Esta opción es complicada. A ver cómo lo hacen.
No es tan fácil dar marcha atrás
Las CCAA llevan muchos años aplicando estos impuestos conforme a la normativa específica que autónomamente aprueban como tienen por conveniente. Nadie se ha opuesto. No es tan fácil ahora dar marcha atrás.
Hay que revisar la Ley Orgánica de Financiación, los Estatutos de Autonomía, la ley de Cesión de Tributos general, la de Cesión a cada Comunidad… Hay un statu quo muy consolidado. Sirva como ejemplo lo que dice el artículo 19.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación:
Las competencias que se atribuyen a las CCAA en relación con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado cuando resulte necesario para dar cumplimiento a la normativa sobre armonización fiscal de la UE.
Parece claro que la Ley contempla la cesión como irreversible, pues el único supuesto de reversión que contempla (que no ha ocurrido) es el de la armonización comunitaria.
La reacción de Ayuso, y de seis comunidades más
Reaccionando ante estas sombrías perspectivas, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este jueves un Anteproyecto de Ley de Defensa de la Autonomía Financiera, con el objeto de asegurar sus competencias fiscales frente a la muy probable injerencia del Gobierno. Hay dudas sobre la eficacia jurídica de una norma así para impedir la aplicación de una ley estatal. Pero lo que está claro que la señora Ayuso hará un casus belli con esto. Irá hasta el Tribunal Constitucional, y más allá, para evitar que el Gobierno meta la mano en los impuestos autonómicos. Es lógico.
«La señora Ayuso hará un casus belli con esto. Irá hasta el Tribunal Constitucional, y más allá, para evitar que el Gobierno meta la mano en los impuestos autonómicos. Es lógico».
Nos tememos que el Libro Blanco avalará la armonización fiscal de Patrimonio y Sucesiones y que el Gobierno tendrá vía libre para dar un buen estacazo fiscal a los madrileños en Patrimonio y Sucesiones. Y no sólo a los madrileños. También a los andaluces, gallegos, castellano-leoneses, murcianos, extremeños y cántabros, cuyos Parlamentos autonómicos han aprobado una bonificación del 99% en la cuota de Sucesiones. Son sólo 23 millones de ciudadanos. No hace falta destacar que, salvo Extremadura, todas las CCAA damnificadas están gobernadas por el PP (por el PRC en Cantabria). Acabarán formando frente común con Ayuso. Otra brecha más entre Gobierno y Oposición.
Nos tememos que el Libro Blanco avalará la armonización fiscal de Patrimonio y Sucesiones y que el Gobierno tendrá vía libre para dar un buen estacazo fiscal a los madrileños en Patrimonio y Sucesiones. También a los andaluces, gallegos, castellano-leoneses, murcianos, extremeños y cántabros, cuyos Parlamentos autonómicos han aprobado una bonificación del 99% en la cuota de Sucesiones.
Cabe preguntarse si armonizarán también a los vascos, que sólo pagan una cuota del 1,5% en Sucesiones (y eso tras aplicar una reducción en base de 400.000 euros). Esto no va a ser posible pues el régimen foral les blinda. Pero, ¿se atreverán el PNV y Bildu a votar a favor de la armonización de los demás, mientras a ellos no les armoniza nadie? No lo podemos creer.
En un estado autonómico la armonización es un retroceso
Tener autonomía significa que se ejercen unas competencias propias y que se tiene poder de decisión sobre el dinero necesario para ejercerlas. Nuestras CCAA asumen fuertes competencias (Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Transportes, Vivienda…). Pero la mayor parte del dinero que necesitan viene de su participación en los grandes impuestos del Estado (50% del IRPF, 50% del IVA, 58% de Petróleo, Tabaco y Alcohol). Sólo una pequeña parte procede de los impuestos estatales totalmente cedidos (Patrimonio, Sucesiones, Transmisiones, Juego) en los que, además, se les atribuyen competencias normativas.
Hay que decir que (salvo País Vasco y Navarra) nuestras CCAA sólo tienen autonomía, es decir, poder de decisión, sobre una muy pequeña parte de sus ingresos, concretamente sobre el tramo autonómico del IRPF y sobre los impuestos totalmente cedidos (Patrimonio, Sucesiones, Transmisiones, Juego). Esa autonomía significa sólo el 10% de sus ingresos. Y lo que se quiere armonizar, Patrimonio y Sucesiones, es la tercera parte de ese 10%.
«Salvo País Vasco y Navarra, nuestras CCAA sólo tienen autonomía, es decir, poder de decisión, sobre una muy pequeña parte de sus ingresos. concretamente, sobre el tramo autonómico del IRPF y sobre los impuestos totalmente cedidos (Patrimonio, Sucesiones, Transmisiones, Juego).
Es este irrisorio poder el que se quiere restringir con la armonización. ¿Cómo se le puede ocurrir esto a un partido como el PSOE que quiere ser federal? ¿Y cómo pueden apoyarle partidos nacionalistas como ERC o el PNV? No hay manera de entenderlo. Sólo se entiende desde la peor enemistad política. Y desde el afán de ERC de que todos resulten tan castigados como los sufridos contribuyentes catalanes.
¿Cómo se le puede ocurrir esto a un partido como el PSOE que quiere ser federal? ¿Y cómo pueden apoyarle partidos nacionalistas como ERC o el PNV?
Lo que dice el Tribunal Constitucional sobre la Autonomía
No nos resistimos a transcribir jurisprudencia del Tribunal Constitucional al hilo de la armonización y la supuesta competencia desleal (Sentencias de 26 de marzo de 1987 y 4 de octubre de 1990):
El principio constitucional de igualdad no impone que todas las CCAA ostenten las mismas competencias ni, menos aún, que tengan que ejercerlas con unos resultados idénticos o semejantes. La autonomía significa precisamente la capacidad de cada nacionalidad o región para decidir cuándo y cómo ejercer sus propias competencias en el marco de la Constitución y el Estatuto. Y si, como es lógico, de dicho ejercicio derivan desigualdades en la posición jurídica de los ciudadanos residentes en las distintas CCAA, no por ello resultan necesariamente infringidos los preceptos constitucionales que proclaman la igualdad ante la ley, pues estos preceptos no exigen un tratamiento jurídico uniforme de los derechos y deberes de los ciudadanos en todo tipo de materias y en todo el territorio del Estado, lo que sería frontalmente incompatible con la autonomía.
Está clarísimo.
Mantener el impuesto sobre el patrimonio es un retroceso
De seguir así, España va a ser el único país de la UE que mantenga un Impuesto sobre el Patrimonio. No existe en ningún sitio. Y, lo que es más significativo, lo han suprimido en muchos países en los que existió, como Francia, Alemania, Italia, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Austria.
De seguir así, España va a ser el único país de la UE que mantenga un Impuesto sobre el Patrimonio. No existe en ningún sitio. Y, lo que es más significativo, lo han suprimido en muchos países en los que existió
¿Por qué este Impuesto no existe en ningún sitio? Sencillamente, porque genera doble imposición (con el IRPF, con el IBI y con Sucesiones), porque penaliza gravemente el ahorro y porque ahuyenta a los grandes contribuyentes. Y muchos de ellos son protagonistas de la inversión y la creación de empleo. Que Madrid, con su política fiscal, tenga una historia de éxito debería alentar a las demás CCAA a seguir el mismo camino.
Por eso, la Comisión Lagares para la Reforma Fiscal, elevó en 2014 la siguiente Propuesta (núm. 54):
«Debería suprimirse formal y definitivamente el Impuesto sobre el Patrimonio, estableciéndose las previsiones legales oportunas para que tampoco pueda ser establecido como impuesto propio por las Comunidades Autónomas.»
A lo mejor aquellos expertos eran independientes.
Excelente artículo; como siempre acostumbra el autor: bien estructurado, clarísimo y , sobre todo, exhaustivamente fundamentado.