El constitucionalismo no piensa permanecer impasible ante la desobediencia del Govern respecto al 25% de español. Después de que el Tribunal Supremo dictase que el castellano debía ser vehicular en las escuelas catalanas en dicha proporción, los ni el Govern ni los centros educativos han dado señales de estar dispuestos a implementar la medida. Es más, las fuerzas separatistas junto al PSC presentaron justo antes de que acabase el plazo para acatar la sentencia una nueva normativa que tiene por objeto esquivar la aplicación del 25%. Ante esta situación, la plataforma Escuela de Todos y la Asociación por una Escuela Bilingüe pedirá mañana al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que se ejecute forzosamente la sentencia.
Por su parte, Ciudadanos ha presentado hoy una denuncia ante la Fiscalía del TSJC contra el conseller de Educación Josep Gonzàlez-Cambray, así como contra otros responsables del departamento, por presunta prevaricación «al evitar cumplir el 25% de castellano». Para el líder de la formación liberal en Cataluña, Carlos Carrizosa, hay «unos responsables claros» del incumplimiento hasta la fecha, lo que explica que la denuncia vaya dirigida contra los titulares de la conselleria, la Secretaría General de Educación, la Asesoría Jurídica de Educación, la inspección de Educación y la subdirección general de plurilingüismo. Y es que, según el líder centrista, «sin el concierto de los mismos no sería posible la continuada comisión del delito de prevaricación denunciado».
Denuncia el pacto del PSC con el separatismo
Carrizosa ha subrayado que la Generalitat «no ha hecho nada para cumplir, y que además ha estado trabajando e impartido instrucciones y consignas para evitar que se cumpla». Por otra parte, ha hecho hincapié en la «responsabilidad política» del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y del líder de la oposición, el socialista Salvador Illa, por el pacto alcanzado el jueves para eludir la aplicación del 25%. Según Carrizosa, se trata de «una especie de pacto que pretende salvar la cara al separatismo, que no quiere cumplir la sentencia».
