Lejos de mantenerse neutras en el terreno ideológico, las principales universidades catalanas son conocidas por su inequívoco sesgo nacionalista. Sin ir más lejos, el pasado 23 de marzo, el rector de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Javier Lafuente, salió a manifestarse contra la sentencia de los tribunales que dictan la obligación de impartir un 25% de castellano en las aulas, siendo la foto del instante difundida por la cuenta oficial de la UAB en Twitter. Ahora, la Justicia ha condenado a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) por violar la libertad ideológica y la libertad de sus profesores.
La sentencia, que obliga a la UPC a asumir los costes procesales, anula el acuerdo del Claustro de esta universidad, celebrado el pasado 14 de septiembre, que criticaba la «injusticia» de las actuaciones del Tribunal de Cuentas contra antiguos miembros del Gobierno catalán, entre los que se contaban los profesores Andreu Mas Colell y Albert Carreras de Odriozola, «solidarizándose con los afectados». Ante estos hechos, varios profesores miembros de la asociación constitucionalista Universitaris per la Convivència llevaron el caso a la Justicia al entender que la UPC estaba vulnerando la debida neutralidad ideológica.
La libertad académica, perjudicada
La sentencia del juzgado número 13 ha dado la razón a la entidad, aclarando que la «Universidad, en cuanto Administración Pública, [está obligada] a mantener la misma neutralidad que se exige a los demás órganos integrantes de ésta» y que «no cabe (…) entender que un pronunciamiento de carácter político integre el derecho fundamental a la autonomía universitaria, vinculado a los intereses educativos, científicos y profesionales de la sociedad». Universitaris per la Convivència ha celebrado el «éxito» de su demanda y ha recordado que con «este tipo de actuaciones, los responsables de las universidades catalanas están perjudicando seriamente la libertad académica».
