La entidad constitucionalista Impulso Ciudadano ha pedido este martes a la delegada del Gobierno en Cataluña, la abogada María Eugenia Gay, que suspenda e impugne el convenio firmado entre el Consell per la República y el Ayuntamiento de Torres de Segre, mediante el cual este municipio de Lleida permitirá a sus residentes utilizar el carnet de la asociación del fugado Carles Puigdemont en sustutición del DNI.
Impulso Ciudadano considera que el acuerdo es de «enorme gravedad» porque pretende sustituir el DNI «por un documento privado sin eficacia administrativa, expedido por los ayuntamientos que carecen de competencias en esa materia». En opinión de esta entidad, el acuerdo sería «nulo de pleno derecho al vulnerar la Constitución e invadir competencias estatales».
La asociación ha pedido a la delegada de Gobierno, además, que valore si se ha podido producir un posible delito de prevaricación administrativa «por parte de los concejales que votaron a favor de la suscripción del convenio» con el Consell per la República. En este sentido, el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, ha indicado que tanto los catalanes como el resto de españoles «tienen derecho a que las administraciones públicas ajusten su comportamiento a las exigencias constitucionales«. «Es intolerable», ha añadido en el escrito dirigido a María Eugenia Gay, «que una administración local actúe abiertamente para conseguir la derogación de la Constitución y la ruptura de la integridad territorial. Pero sería aún más lamentable que el Gobierno de España no interviniera ante un caso así».
