Cuando el Gobierno cambió los requisitos para que partidos como ERC, Junts, la CUP o Bildu pudiesen entrar en la Comisión de Secretos Oficiales recibió un alud de críticas. La medida, en apariencia adoptada para contentar a los socios del Gobierno tras destaparse el caso Pegasus, fue considerada en el ámbito constitucionalista como imprudente, pues no parecía de recibo que partidos que tienen como objetivo declarado la disolución del Estado pudiesen manejar información sensible para éste. Los temores no tardaron en confirmarse: ayer, poco después de la reunión de la Comisión, el portavoz de ERC en el Congreso Gabriel Rufián reveló en TV3 el contenido de la misma.
«Me gustaría poder decir: ‘Se han dicho un montón de cosas, pero no puedo decir nada’. No, no. Se ha dicho exactamente lo mismo que ya se había filtrado a los medios de comunicación estos días. Reconocen el espionaje… Es lo que se ha publicado, por eso lo digo… Sostienen que es mucha menos gente [espiada]», declaró Rufián, que también detalló: «Apuntan a dos vías: a una nación extranjera o a organismos del Estado que espían por encima de sus posibilidades legales».
Dichas declaraciones no tardaron en ser censuradas por el portavoz de Ciudadanos Edmundo Bal: «Ha quedado muy claro por qué no queríamos al separatismo en la comisión de secretos oficiales. A Rufián le ha bastado un minuto para revelar a la prensa secretos del Estado». Asimismo, Bal recordó que el artículo 598 del Código Penal (CP) español castiga con penas de uno a cuatro años de cárcel a quien «sin propósito de favorecer a una potencia extranjera […] revelare información legalmente calificada como reservada o secreta, relacionada con la seguridad nacional o la defensa nacional». Por este motivo, la formación liberal ha anunciado que llevará a los tribunales al diputado republicano.
