El conseller autonómico de Educación, el republicano Josep González Cambray, no parece dispuesto a cumplir la orden del TSJC de adoptar en el plazo de 15 días las medidas necesarias para garantizar que al menos un 25% de las clases en los colegios catalanes se impartan en castellano. El conseller ha anunciado que presentará un recurso de reposición y ha calificado de «aberrante» la orden del tribunal.
El conseller ha exigido el «máximo consenso político, social y pedagógico» para intentar no acatar la decisión judicial de ejecutar de forma forzosa la sentencia del 25% de castellano. Ha trasladado un mensaje de «máxima tranquilidad» a los centros educativos catalanes y ha criticado al TSJC por dar legitimidad a Escuela de Todos y la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), entidades que presentaron la demanda de ejecución forzosa de la sentencia adoptada a finales de 2021.
Presencia del castellano asegurada
González Cambray ha negado esta legitimidad y ha acusado al TSJC de «extralimitarse» y de «sobrepasar» sus competencias. De poco parece que le van a servir las excusas al conseller, que también ha recordado que el Govern trabaja en un nuevo decreto para blindar el catalán. Y es que, en este sentido, la sentencia del TSJC es muy clara: sea cual sea la actuación del Govern, la presencia del castellano en las aulas catalanas tendrá que estar garantizada a partir de ahora.
