Tanto la Generalitat como los sindicatos educativos —tradicionalmente alineados con el nacionalismo— han instado a los directores y docentes a no modificar sus proyectos lingüísticos y mantener la exclusión del castellano como lengua vehicular pese a la sentencia del 25%. Sin embargo, dicha desobediencia no saldría gratis. Es lo que advirtió ayer en rueda de prensa ofrecida por Escuela de Todos el presidente de Impulso Ciudadano José Domingo, que ha avisado a directores y docentes que negarse a aplicar la sentencia y perseverar en el monolingüismo hasta ahora hegemónico podría acarrear serias consecuencias penales.
Así, Domingo alertó a los directores de los centros educativos que no pueden hacer objeción de conciencia en relación al 25%, como tampoco pueden mentir en su respuesta a la Consellería, dado que incurrirían en falsedad de documento oficial, un delito penado con prisión. «Esto tiene un riesgo», avisó. En este sentido, la AEB remitirá una carta a los directores explicándoles las «consecuencias negativas» que arrostrarán si no obedecen el dictamen de los tribunales. «Somos muy cuidadosos con la acción penal es la última ratio», señaló Domingo, que también informó de que tomarán acciones legales si comprueban que el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, desobedece o prevarica en relación a este asunto.
Un simple ‘e-mail’
Asimismo, Domingo aclaró que el recurso que anunció Cambray no anulará la ejecución de la sentencia, pues solo atañe a la legitimación de la AEB pero no al cumplimento del fallo. «Pediría seriedad y que asuman la realidad. Esto es inmodificable», manifestó. En cuanto a la dificultad de la Alta Inspección Educativa, que depende del Gobierno, para verificar el cumplimiento de la sentencia —solo se dispone de dos inspectores en toda la comunidad— Domingo resaltó que es tan sencillo como que estos requieran un contestación de los centros sobre la cuestión vía correo electrónico.
