El conseller de Educación, Josep González Cambray, ha dejado ver este jueves en una entrevista en TV3 que es «muy probable» que el Govern acate finalmente la sentencia del TSJC que le obliga a garantizar que el castellano tendrá una presencia de, como mínimo, un 25% en los centros educativos catalanes. Un anuncio que ha generado fuertes críticas por parte de los separatistas radicales de base, que han pedido su dimisión en redes sociales como Twitter.
El conseller se ha escudado en la necesidad de proteger a los equipos directivos de los centros para anunciar que el Govern acatará la sentencia. «Tenemos una ejecución forzosa que nos da 15 días para enviar las instrucciones», ha explicado González Cambray, «hablaremos con todo el mundo y decidiremos. Es muy probable que acabemos enviándolas si es la manera de proteger a las direcciones».
La respuesta de Junts no se ha hecho esperar. La formación aún liderada por el fugado Carles Puigdemont se ha descolgado definitivamente del acuerdo para reformar la Ley de Política Lingüística, que contempla la introducción del castellano como otra lengua vehicular como forma de cumplir la sentencia del TSJC. La posconvergencia se ha enrocado en la defensa a ultranza de la nefasta inmersión lingüística en catalán y ha señalado que la reforma legal que pretenden ERC, PSC y En Comú-Podem «no parará a los tribunales españoles».
