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Junts y ERC, a la greña por el futuro de la inmersión lingüística

La posconvergencia busca la forma de forzar a Aragonés a romper el acuerdo con el PSC y los comunes

Jordi Turull y Laura Borràs (Junts).

Mientras en el constitucionalismo se aplaude la decisión del TSJC de atender a la demanda de Escuela de Todos y la AEB para obligar al Govern a cumplir la sentencia que obliga a que un 25% de la enseñanza sea en castellano, en el separatismo el enfrentamiento entre los principales actores es la nota dominante. Una vez más, Junts vuelve a tensar la cuerda con su socio de gobierno, ERC. Y, en esta ocasión, lo hace con la excusa siempre sensible de la cuestión lingüística.

ERC mantiene aún su acuerdo con el PSC y En Comú-Podem para reformar la Ley de Educación blindando el catalán pero, a la vez, introduciendo el porcentaje de castellano ordenado por la Justicia. Algo que Junts apoyó inicialmente pero que solo unas horas después rechazó, tras la reacción airada de los entidades más radicales separatistas.

La posconvergencia, aún dirigida por Carles Puigdemont, no comparte hoy esta reforma legal y exige a Pere Aragonés un decreto que garantice la inmersión en catalán y, por supuesto, el incumplimiento de la sentencia del TSJC. Es más, esta reclamación forma parte del pacto entre Laura Borràs y Jordi Turull para liderar Junts tras el anuncio de Puigdemont de dejar la presidencia del partido. Y a esto se añade su decisión de no apoyar a Aragonés en la reforma de la ley si esta no cuenta con el visto bueno de las entidades separatistas. Algo que, por ahora, no se ha producido.

Dos semanas de plazo

En todo este enfrentamiento, los plazos son importantes. El Govern tiene solo dos semanas para cumplir la sentencia, aunque ya quede algo más de un mes de curso escolar y a pesar de que ha anunciado que interpondrá contra la sentencia un recurso de reposición. Ciudadanos, incluso, ha exigido este miércoles al Gobierno que dote a la Alta Inspección de Educación de los medios necesarios para que controle el cumplimiento de la decisión judicial, tal y como ha fijado el TSJC. Y el Ejecutivo de Aragonés ya anunció semanas atrás que para la reforma de la Ley de Educación y su aplicación necesita un periodo de un año. Algo que la Justicia no ha tenido en cuenta.

De momento, Junts se niega a escuchar las ofertas de ERC y los republicanos no parecen muy dispuestos a jugársela con la excusa de la lengua a pesar de que, inicialmente, poco tendrían que temer si mantienen su condición de socios preferentes del socialista Pedro Sánchez.

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