La entidad constitucionalista Universitaris per la Convivencia ha denunciado este jueves la «sumisión» de los rectores de las universidades catalanas ante el «poder político». Lo ha hecho tras conocerse el comunicado de estos cargos rechazando la sentencia del TSJC que obliga al Govern a introducir un mínimo de un 25% de clases en castellano en los colegios de esta comunidad autónoma.
Universitaris per la Convivencia ha alertado sobre esta situación y «la consiguiente violación de la autonomía universitaria en Cataluña». Estos profesionales universitarios han mostrado su preocupación por la intención de los rectores de «dibujar una especie de pensamiento único» en los campus catalanes. En este sentido, la entidad ha recordado que varias universidades ya han sido condenadas por «vulnerar los derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la libertad de expresión de sus miembros».
No tienen la representación política de la comunidad
«Ni los claustrales ni los rectores», han recordado, «pueden arrogarse la representación política de profesores, alumnos y personal de administración y servicios. Sencillamente no la tienen. Nadie les ha elegido para tal fin ni este se encuentra, como es obvio, entre sus competencias».
En una nota de prensa, esta entidad califica de «sonrojantes» los argumentos de los rectores para la imposición del catalán. Y añade que el comunicado «roza el esperpento» cuando pide que no se instrumentalice la enseñanza o que se obvien los «porcentajes arbitrarios desconectados de la realidad territorial». Y es que los mismos rectores que firman estos son los que en junio de 2021 rubricaron un documento en el que se marcaban como objetivo que el 80% de las enseñanzas universitarias se impartieran en catalán.
«Somos muchos los profesores catalanes que defendemos unas universidades concebidas como foros de encuentro entre muy diferentes sensibilidades», concluye Universitaris per la Convivencia, «sin que las autoridades académicas hagan prevalecer a ninguna sobre el resto. Pretender uniformizar el pensamiento es absolutamente incompatible con la misión de la Universidad y con la convivencia democrática».
