Escuela de Todos, entidad que agrupa a una decena de asociaciones defensoras del bilingüismo, ha anunciado este miércoles que llevará ante el Defensor del Pueblo la nueva Ley sobre Usos y Aprendizajes de las Lenguas Oficiales. Una norma que ha sido apoyada por ERC, Junts, el PSC y los comunes, las mismas formaciones que alcanzaron un acuerdo para buscar la manera de sortear la sentencia del TSJC que obliga a la Generalitat a introducir un mínimo del 25% de castellano en las aulas.
Esta nueva ley, ha señalado Escuela de Todos en un comunicado, «no da respuesta» a la sentencia del TSJC «ni impide la ejecución de esta en sus propios términos». La entidad constitucionalista considera que, además, «establece una desigualdad en el tratamiento del catalán y el castellano en el sistema educativo». Desigualdad que, ha advertido, «es incompatible con las exigencias constitucionales». Por ello, reclaman que «se plantee un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional».
«La distinción entre ambas lenguas», recuerda Escuela de Todos, «es inconstitucional ya que, en el caso del castellano, tan solo la necesidad de garantizar su dominio es justificación adecuada para su presencia en la docencia mientras que, en el caso del catalán, su presencia se basa en su condición de lengua propia de Cataluña». Algo que, según Escuela de Todos, ya ha rechazado «expresa y claramente» el Tribunal Constitucional.
Escuela de Todos también ha denunciado la «pasividad» y «complicidad» del Gobierno del socialista Pedro Sánchez «con quienes se niegan a acatar las sentencias judiciales». Un actitud que «merece el más severo de los reproches».
