La presidenta del Parlament y líder de Junts, la posconvergente Laura Borràs, intenta aplazar el momento de declarar ante la Justicia por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Así, la representación legal de la presidenta, formada por los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal, ha presentado este viernes un recurso de reforma en respuesta a la interlocutoria del juez del TSJC pidiendo al fiscal que solicite la apertura de juicio oral.
En este recurso, Borràs pide al TSJC ser juzgada en un juicio con jurado. En principio, esto no sería posible dado que uno de los delitos del que es acusada, el de prevaricación, está excluido de este tipo de juicios. Sin embargo, los abogados de Borràs solicitan para solventar esta cuestión que el TSJC plantee ante el Tribunal Constitucional qué hacer en esta situación.
ERC y el prestigio de la institución
De este modo, Borràs no solo pretende demorar el juicio oral sino también la decisión que debe tomar sobre si seguir o no al frente del Parlament. Junts ha defendido la pertinencia de que se mantenga como presidenta de la Cámara autonómica. Pero sus socios de Govern, ERC, no tiene la misma visión y, a través de Carme Forcadell, le ha enviado el mensaje de que debe situar el prestigio de la institución por encima de sus intereses personales. Tampoco en la CUP están dispuestos a apoyar a Laura Borràs, pues consideran que esta causa judicial no puede enmarcarse en lo que el separatismo llama la represión del Estado, es decir, la supuesta persecución judicial de España a los independentistas.
Así las cosas, habrá que esperar a ver qué decide el TSJC y cómo se pronuncia el Constitucional. En el caso de que el magistrado instructor rechace la consulta al TC, Borràs ha solicitado ser juzgada mediante un procedimiento abreviado en lo relativo al delito de prevaricación y con jurado en el resto de delitos de los que es acusada.
