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Sánchez baraja ahora modificar el delito de malversación

Considera que el Gobierno de Mariano Rajoy tendría que haber aplicado antes el artículo 155 en Cataluña

Los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonés a las puertas de la Moncloa (Govern).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, baraja presentar la modificación del delito de malversación ante el Congreso, una vez anunciada la reforma del Código Penal para reconvertir la sedición en desorden público. Los separatistas condenados por la intentona golpista de 2017 fueron acusados de, entre otros, el delito de malversación. Y, con ambas reformas, se considera que fugados de la Justicia como Carles Puigdemont y Marta Rovira podrían regresar a España sin tener que pasar por prisión.

En una entrevista en La Vanguardia, Pedro Sánchez ha explicado que el Gobierno prepara esta propuesta sobre la malversación a la cual los grupos parlamentarios en el Congreso podrán presentar las enmiendas que consideren oportuno. «Esperemos a esa tramitación parlamentaria», ha solicitado el presidente en su conversación con el diario catalán. El socialista, sin embargo, ha negado que estas modificaciones puedan ser claves para el retorno de Puigdemont. En este sentido, ha asegurado que, cuando el ex presidente autonómico tenga que comparecer ante la Justicia, «tendrá que rendir cuentas de los delitos cometidos en 2017″.

Una modificación «por la concordia en Cataluña»

Sobre la reforma del delito de sedición, Pedro Sánchez ha indicado que supondrá una rebaja de las penas de los separatistas condenados y posteriormente indultados. Pero también ha recordado que esta reforma es «un compromiso de investidura», en referencia al acuerdo alcanzado por el PSOE y ERC a comienzos de la legislatura. También ha señalado que es «un paso por la concordia en Cataluña».

El presidente ha calificado de «error» la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de «dejar en manos de la Justicia la respuesta a esta crisis institucional». Sin embargo, ha señalado también que el artículo 155 de la Constitución debería haberse aplicado en Cataluña para intervenir «en una situación que claramente había descarrilado con las leyes de desconexión aprobadas por el Parlament».

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