César Antonio Molina (Cultura), Javier Sáenz Cosculluela (Obras Públicas), Virgilio Zapatero (Presidencia), Julián García Vargas (Defensa y Sanidad) y José Luis Corcuera (Interior) son los nombres de los cinco ex ministros de gobiernos de los socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero que han apoyado un manifiesto en contra de la derogación del delito de sedición y la modificación del de malversación de fondos públicos acordados entre el PSOE y ERC. El manifiesto ha sido elaborado por la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición.
En el documento se denuncia que Pedro Sánchez no dio a conocer en su discurso de investidura el objetivo de modificar estos delitos, que afectan especialmente a los líderes del procés. También se deja claro que «la UE no ha exigido reformar el delito de sedición en España y menos su sustitución por un delito de desórdenes públicos». «El Gobierno», asegura la entidad, «ha recurrido al ardid de amalgamar en una Ley Omnibus la modificación de la Ley Orgánica del Código Penal con otros artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Orgánica de la Represión del Contrabando, que podrían necesitar cierta adaptación a directivas europeas que nada tienen que ver con el Código Penal ni con el delito de sedición».
Penas similares en Europa
La ADVT deja también claro que no es cierto que otros países europeos tengan una penalidad diferente con respecto a la sedición. Así, señala que en estos países «el delito de sedición se castiga de manera similar a España». «Los delitos y las penas en materia de sedición en nuestro Código Penal», abunda el manifiesto, «son muy similares a las de otros países de nuestro entorno, como Alemania, Francia e Italia». A juicio de los miembros de esta entidad, lo que pretende el Gobierno de Sánchez con estas reformas es «que un intento de ruptura del orden constitucional se llame ahora un desorden público agravado, con una rebaja máxima de las penas que cumplirían los fugados y dejando abierta la puerta para que los indultados vean eliminada su inhabilitación y puedan concurrir en breve a las urnas».
En el manifiesto se aclara que lo sucedido en 2017 en Cataluña «no fueron meros desórdenes ni sus autores fueron condenados por un acto contra el orden público concreto». «Fue», se añade, «un desafío al poder legítimo y al orden constitucional que emana de la soberanía popular, con una serie de actos encaminados a la independencia, con movilizaciones masivas, las leyes de desconexión y actos de deslegitimación judicial y policial».
Sin renuncia a la unilateralidad
Los responsables del documento consideran que es «una burla» hablar de que estas modificaciones del Código Penal ayudarán a la convivencia en Cataluña pues, recuerdan, «los condenados no han renunciado a la unilateralidad y han declarado que volverán a intentarlo». «Pactar la redacción del delito con los delincuentes que lo han cometido es un hecho insólito que, eso sí, carece de homologación alguna Europa».
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