Después de que el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol confesase haber mantenido oculta una fortuna durante 30 años en Andorra y que su familia fuese considerada una «organización mafiosa» por un juez, la tentativa del separatismo de asociar la corrupción con el resto de España no ha logrado cuajar, sino más bien lo contrario. Y es que la percepción de que en Cataluña existe mucha corrupción se ha disparado en los últimos años, según el informe La corrupción en Cataluña: percepciones y actitudes ciudadanas, presentado ayer por el presidente de la Oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno.
Así, si en 2020 el 67% de los catalanes consideraba que había en su región «mucha o bastante corrupción», ese porcentaje ha subido dos años después al 80,2% de la población. Esta cifra solo fue superada en 2014, que alcanzó un 82% coincidiendo con el estallido del Caso Pujol. En cuanto a la institución que despierta más desconfianza en los ciudadanos, los partidos políticos son los que se llevan la palma: un 74,4% de los encuestado creen que realizan prácticas corruptas mediante acciones como los contratos públicos (70,2%), la concesión de licencias (67,9%) o las subvenciones públicas (65,5%). Asimismo, un 44% consideran que se financian al margen de la legalidad.