La controversia desatada por la tramitación exprés de la reforma para renovar el poder judicial emprendida por el Ejecutivo, que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional tras recurrirla el PP, ha abierto una enorme brecha entre la izquierda y la derecha española. Así, mientras la primera acusa a los jueces de secuestrar la «soberanía popular» que para ella reside en el Parlamento, la segunda se felicita de que prevalezca la legalidad por encima de atajos antidemocráticos. A este debate se ha sumado el separatismo catalán, que se ha alineado con la izquierda cargando contra los jueces y estableciendo paralelismos entre la actuación de éstos y la «represión» contra el procés.
«Lo advertimos: la represión empieza contra los independentistas, y continúa contra el resto de demócratas. La derecha y la extrema derecha española utilizan, de nuevo, los poderes del Estado para atentar contra la voluntad del pueblo», ha sentenciado en Twitter el presidente de ERC, Oriol Junqueras. Y ha añadido: «En defensa de la democracia, estaremos siempre».
En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para el cual los magistrados «usaron Cataluña de banco de pruebas y hoy, envalentonados, lo aplican por todas partes». Y es que, a su juicio, la «derecha españolista secuestra las instituciones y solo lo superaremos con una agenda valiente y progresista y donde Cataluña sea definitivamente una república soberana».
