Hasta el histórico periodista Juan Luis Cebrián ha firmado un nuevo manifiesto de rechazo a la reforma del Código Penal pactada entre el Gobierno del socialista Pedro Sánchez y ERC y que ha significado la desaparición del delito de sedición y la modificación del de malversación. Una reforma que beneficia fundamentalmente a los separatistas encausados por la organización del referéndum ilegal de octubre de 2017. Además de Cebrián, el documento ha sido apoyado también por exministros socialistas como César Antonio Molina o José Luis Corcuera.
En este nuevo manifiesto se reclama al PSOE la recuperación de su «proyecto histórico» e insta a la protesta de aquellos socialistas que permanecen «silentes» ante el cambio de rumbo del socialismo oficial. También reclama al PP que cumpla sus deberes «constitucionales» y a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto les exige que reaccionen «cívicamente» para evitar la «erosión» que está causando el Gobierno de Sánchez. El documento, recogido por Europa Press y otros medios, se dirige a la «sociedad española ante el desafío constitucional» y sus promotores recuerdan que la democracia no es «irreversible».
Falta de energía, propuestas y discurso
Creen que el pacto entre el PSOE y formaciones como ERC «ha quebrado el proyecto histórico» socialista, que, recuerdan, estaba firmemente comprometido con la Constitución de 1978. A la vez, recriminan a la oposición su falta de «energía, propuestas y discurso» para afrontar esta situación. Tienen claro que el PSOE de Sánchez ha adoptado como modelo de país el promovido por los separatistas catalanes y vascos y advierten de que, de seguir así las cosas, España se encontrará a las puertas de su propia destrucción como «nación política«.
Sobre los separatistas catalanes, los autores del manifiesto los define como «responsables de los hechos sediciosos» sucedidos en el otoño de 2017. Y consideran que el acuerdo para reformar el Código Penal pactado con ellos «desprotege penalmente la integridad de la Constitución y atenta contra el principio de generalidad de las normas jurídicas». Sobre los intentos de reforma de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, aseguran que tienen como fin convertir la democracia española en un régimen iliberal. Y advierten de que, de mantenerse esta dinámica, el sistema se verá seriamente erosionado «y el país volvería a las peores épocas de su historia al declararse fallido, otra vez, el intento de consolidar un régimen de libertades, conforme a los esquemas indeclinables de las democracias».
