No parece que la presidenta suspendida del Parlament y líder de Junts, Laura Borràs, lo vaya a tener fácil para obtener el perdón del Gobierno tras ser condenada a cuatro años de prisión y 13 de inhabilitación. Aunque la sentencia del TSJC que la condena por delitos de corrupción contiene, a la vez, la posibilidad del indulto parcial para que se reduzca a menos de dos años y no tenga que pisar la cárcel, debe ser el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez el que decida al respecto. Y el presidente ha sido este viernes contundente a la hora de referirse a la separatista.
«Es un caso flagrante de prevaricación y de mal uso de los recursos públicos«, ha dicho Sánchez sobre esta cuestión. El presidente ha evitado pronunciarse sobre el indulto parcial y ha recordado que la sentencia no es firme y que Borràs aún puede recurrirla. «Entiendo que se tendrá que elevar al Tribunal Supremo», ha señalado el presidente, «después se deberán pronunciar diversas instancias judiciales y, finalmente, debería ser objeto de discusión en el Consejo de Ministros«. Sánchez ha asegurado que no se pronuncia sobre el indulto porque ha de ser «respetuoso con el procedimiento que marca el Estado de Derecho».
El presidente se suma así a quienes, como la CUP o el mismo Pere Aragonés, han dejado claro que la condena a Borràs no puede vincularse de ninguna manera al independentismo. Los cupaires exigieron el jueves su dimisión «inmediata», mientras que el presidente del Govern dejó claro que la sentencia del TSJC «no tiene ningún vínculo con la represión». Aragonés, además, subrayó que es necesario «preservar la honorabilidad de la institución«. Una afirmación que puede entenderse como una invitación a Borràs para que presente su dimisión.
