El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la denuncia que Societat Civil Catalana (SCC) interpuso el pasado día 8 ante la Sala Segunda de esta instancia contra la vicepresidenta del Gobierno en funciones y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por «faltar a la obligación de su cargo y dejar intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables», según ha informado la entidad constitucionalista. La denuncia obedece al encuentro que mantuvo Díaz con el prófugo Carles Puigdemont en Bruselas el día 4 de este mes. Una reunión que desde el Gobierno se calificó como decisión «personal» de la vicepresidenta en funciones. Para SCC, esta definición es fraudulenta pues «siempre prevalece el cargo institucional que un dirigente político ostenta». Según ha informado la entidad constitucionalista, el Supremo ha emitido una providencia «habiendo designado al magistrado ponente» por lo que entiende que su denuncia ha sido admitida a trámite.
SCC decidió proceder penalmente contra la vicepresidenta del Gobierno en funciones en base al artículo 408 del Código Penal, que señala que «la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años». La entidad constitucionalista considera que la vicepresidenta «faltó a la obligación de su cargo e, intencionadamente, dejó de promover la persecución de personas encausadas por delitos gravísimos».
Encauzar la investidura de Sánchez
«Resulta una obviedad que Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España, acudió al encuentro con Carles Puigdemont para encauzar la investidura del presidente del Gobierno y negociar con quien fuera presidente de la Generalitat durante el desafío al marco constitucional unas exigencias que atentan contra los intereses de España y del propio Estado de derecho», ha indicado SCC en un comunicado», «prueba de que acudió en representación del Ejecutivo en funciones es que la vicepresidenta no fue cesada de su cargo pese a hacer ostentación pública de la normalidad de su largo encuentro con Puigdemont y otros fugitivos por la causa del procés».
Según la denuncia de SCC, «la vicepresidenta Yolanda Díaz, cargo del que no puede desprenderse a voluntad y alegar que únicamente interviene a título de líder de Sumar, trató asuntos de estado con un prófugo de la Justicia, negociando las condiciones para la investidura de Pedro Sánchez». «Consideramos también evidente que, desde Moncloa, pese a su intención de desmarcarse de esta reunión, hubo de avalarse este encuentro que, con toda seguridad, no se gestó en unas pocas horas», ha añadido la entidad, «de ser cierto que desde el Ejecutivo nada se conocía de este encuentro antes de la noche anterior, la reacción lógica ante estos graves hechos habría sido la de cesar a Yolanda Díaz de sus cargos y no la celebración de sus más que dudosos logros».
Desde SCC se ha insistido en que «como ministra, vicepresidenta y alto cargo de la Administración, Yolanda Díaz tiene la obligación de obedecer el ordenamiento jurídico y velar por su cumplimiento». Además, «con una actuación sin precedentes en la historia reciente, ha legitimado a un prófugo de la Justicia que ha utilizado todos los medios a su alcance para desprestigiar la imagen internacional de España». La vicepresidenta, ha recordado SCC, «además de legitimar al secesionismo, dio carta de naturaleza a una serie de exigencias inconstitucionales».
