Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial han pedido al presidente de la institución, Vicente Guilarte, la celebración de un Pleno extraordinario para tratar la ley de amnistía acordada entre el PSOE y los partidos separatistas ERC y Junts. Los ocho vocales, pertenecientes al sector conservador, han alertado en su petición de que la amnistía, además de degradar la democracia española, puede suponer «la abolición del Estado de Derecho«.
Un prófugo de la Justicia
En una declaración institucional, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona han señalado que observan «con creciente preocupación» las maniobras de los partidos separatistas en torno a «la eventual amnistía de los delitos cometidos con ocasión de los episodios acaecidos el 1 de octubre de 2017, así como los también cometidos con anterioridad para su preparación, incluidos delitos de corrupción». Recuerdan que Pedro Sánchez admitió el día 28 de octubre haber pactado esta ley de amnistía «con partidos políticos que incluye, entre otros, el dirigido por un prófugo de la justicia que se beneficiará personalmente de la medida», refiriéndose a Carles Puigdemont. Un anuncio que, añadió el presidente en funciones, obedece al «interés de España».
Incompatible con el Estado de Derecho
Los ocho vocales del CGPJ consideran que la institución debe pronunciarse sobre esta amnistía. Sobre todo teniendo en cuenta que la pretensión de Sánchez es que la amnistía se tramite como «proposición de ley, con lo que se eludirá, una vez más, la función consultiva de este Consejo en aspectos sobre los que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige su intervención», según recoge El Mundo. Recuerdan que la amnistía que pretenden Sánchez y los separatistas no es compatible con el principio de Estado de Derecho proclamado por el artículo 1 de nuestra Constitución, y ni tan siquiera con el principio de responsabilidad de los poderes públicos al que se refiere su artículo 9.3, que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales, cualquiera que sea la naturaleza de sus delitos, para que un aspirante a Presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el Gobierno«.
