Como he venido sosteniendo en artículos anteriores, la investidura de Sánchez estaba atada y bien atada porque ni Sánchez podía contar con el respaldo del PP que había superado en votos y escaños al PSOE y PSC el 23-J, ni los secesionistas catalanes, ni los herederos de ETA, ni los nacionalistas del PNV podían contar con un aliado en La Moncloa más predispuesto a escucharlos y concederles una fracción sustancial de todo aquello que le exijan en los próximos meses en pago retardado.
La cruda realidad es que todos los partidos secesionistas que respaldan a Sánchez desprecian las instituciones democráticas de España, comenzando por la Jefatura del Estado y siguiendo por Las Cortes y el poder Judicial, y la única razón que les lleva a participar en esas instituciones es obtener concesiones y privilegios para las Comunidades donde están implantados, socavar los cimientos del Estado de Derecho, y avanzar sus aspiraciones de convertir a Cataluña y El País Vasco en repúblicas independientes. Al igual que en la pasada legislatura, Sánchez era su mejor candidato para presidir el gobierno de España y el presidente en funciones sabía que más allá de las fanfarronerías y desplantes del prófugo de Waterloo iba a contar con los siete diputados de Junts en la investidura.
La única dificultad a sortear estribaba en fijar la extensión de la amnistía. Pero ahí estaban el bueno de Patxi López y los diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso para allanar la dificultad y registrar la Proposición de Ley Orgánica de amnistía el 13 de noviembre, dos días antes de iniciarse el debate de investidura. A Sánchez, un consumado tahúr dispuesto a intentar cualquier treta por indecorosa que sea para ganar la partida, no le causó rubor alguno hacer de la necesidad virtud para justificar la amnistía, una medida que había rechazado con rotundidad hasta el 23-J. Lo hizo primero ante el Comité Federal del PSOE el 28 de octubre y en el hemiciclo del Congreso al final del discurso de investidura, y salvo por la voz discrepante de García-Page, presidente de Castilla La Mancha, el respaldo de los miembros del Comité Federal y de la bancada socialista fue unánime y hasta entusiasta. Quizá nunca habíamos contemplado a ningún líder de un partido político en España llevar a gala sin ningún rubor su impostura y sacar pecho incluso para defenderla en la sede de la soberanía nacional.
Quiere entre otros disparates que aceptemos en nombre de España que el prófugo de Waterloo no cometió ningún delito
Ahora el PSOE de Sánchez pretende que los ciudadanos asumamos el falso relato hilvanado por los secesionistas de lo acontecido en Cataluña, que borremos todos los delitos cometidos por los secesionistas entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, y, como guinda, que deslegitimemos todas las decisiones adoptadas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado antes y después del 27-O para neutralizar la secesión de Cataluña. Quiere entre otros disparates que aceptemos en nombre de España que el prófugo de Waterloo no cometió ningún delito y ha sido objeto de una persecución ideológica tan inmisericorde por parte del Estado que se vio forzado a salir de España oculto en el maletero de un coche para evitar una detención arbitraria y un juicio injusto. Pero no se sientan incómodos ni se alarmen porque la legión de ‘asentidoras’ y aplaudidores en Ferraz y la Carrera de San Jerónimo les garantiza que se trata de un ejercicio virtuoso y rabiosamente progresista.
La presentación de la ley de amnistía abre un gran interrogante sobre el futuro de nuestra democracia. Aunque nadie sabe a ciencia cierta hasta dónde será capaz de llegar Sánchez y cuántas concesiones más hará a sus avalistas para seguir al frente del gobierno en los próximos meses, su trayectoria política indica que nos encontramos ante un jugador que nunca abandona la mesa de juego a menos que lo expulsen por tramposo, dispuesto siempre a acomodar su discurso y estrategia política a las cartas que la suerte le depara en cada momento. Pero de algo sí podemos estar seguros: la amnistía es tan sólo el comienzo de un proceso que bien podría acabar con Sánchez aceptando celebrar consultas de autodeterminación en Cataluña y El País Vasco sin modificar la Constitución, encubriéndolas con la misma impostura con que ha procedido a ‘constitucionalizar’ la amnistía en los Antecedentes de la citada Proposición de Ley de amnistía.
EH Bildu fue la primera formación política que anunció que respaldaría la investidura de Sánchez sin imponer líneas rojas en público
Otro de los riesgos que nos aguardan es que el nuevo gobierno de Sánchez acepte ampliar el falso relato impuesto por Junts y ERC sobre el proceso de secesión en Cataluña incluso más allá del 1 de enero de 2012 para blanquear también a la banda terrorista ETA. Téngase en cuenta que EH Bildu fue la primera formación política que anunció que respaldaría la investidura de Sánchez sin imponer líneas rojas en público y uno de los principales objetivos de Otegui es reescribir la historia reciente de España para hacer pasar a los terroristas de ETA por valientes luchadores antifascistas que hicieron frente a un Estado heredero del franquismo y pagaron un alto precio por ello. Porque no otra cosa cabe esperar de una organización política que sigue homenajeando a los miembros de la banda y honra a los terroristas incluyéndolos en sus listas electorales.
Claro que la legislatura podría acabar también con una abrupta convocatoria de elecciones generales para sacar provecho a una hipotética negativa de Sánchez a realizar consultas de autodeterminación en Cataluña y El País Vasco. Quizá por ello, ERC y Junts caminan con pies de plomo y optaron por no secundar la propuesta presentada por la CUP en el Parlamento para celebrar un nuevo referéndum de independencia en Cataluña. De momento, se contentan con cobrar piezas menores. Quizá porque el respaldo de los catalanes a la independencia sigue decreciendo según el CEO, quizá porque ambas formaciones prefieren evitar un enfrentamiento con Sánchez que podría hacer naufragar la ley de amnistía, así como los compromisos de reducir en 15.000 millones la deuda de la Generalidad de Cataluña con el Estado, transferir la red de cercanías de Renfe al gobierno de la Generalidad y mejorar la financiación de Cataluña a costa del resto de Comunidades no forales.
En todo caso, nos enfrentamos a una legislatura que sería deseable acortar tanto como sea posible para minimizar los graves daños que la puesta en marcha de los acuerdos firmados por el PSOE de Sánchez con sus avalistas pueda causar a nuestras instituciones democráticas y a la economía española. Somos cada vez más los ciudadanos que conservamos la lucidez suficiente para rechazar la falsificación de la historia envuelta en los harapos de una progresía impostada y tramposa. La rechazan infinidad de líderes históricos socialistas, intelectuales y periodistas con la piel bien curtida y nada sospechosos de ser de derechas, el CGPJ y todas las asociaciones de jueces y fiscales, las organizaciones empresariales, los inspectores de Hacienda, los letrados de la SS, y, en fin, millones de ciudadanos de a pie que sabemos muy bien quienes somos y a quienes no nos asustan las descalificaciones de Patxi y su comparsa encantados en su papel de coristas de Rufián, Noguera y Aizpurua en el Congreso.
Conviene administrar bien nuestros esfuerzos y concentrarlos en acciones que resulten más eficaces y productivas para ganar esta difícil partida
Bienvenidas sean todas las manifestaciones a la luz del día y a cara descubierta como la escenificada hoy mismo en la Plaza de la Cibeles el 18, para reforzar nuestro sentido de pertenencia a una nación de ciudadanos libres e iguales y mostrar nuestro rechazo a la amnistía. Pero conviene administrar bien nuestros esfuerzos y concentrarlos en acciones que resulten más eficaces y productivas para ganar esta difícil partida en la que Sánchez y sus avalistas nos llevan ventaja. Aunque son ellos quienes marcan los tiempos y llevan la iniciativa, en nuestras manos está contrarrestarlos con otras iniciativas para preservar la igualdad de todos los españoles y la división de poderes. He aquí, a modo de ejemplo, unas pocas:
- Requerir la tramitación de la proposición de ley de amnistía como proyecto de ley una vez esté conformado el nuevo gobierno, en atención a su enorme trascendencia social, política e institucional.
- Dilatar cuanto sea posible la aprobación de la ley de amnistía para dar más tiempo a los tribunales de justicia y al Tribunal de Cuentas para avanzar las causas pendientes contra los secesionistas
- Reclamar al gobierno la celebración de un referéndum para dar a los ciudadanos la oportunidad de pronunciase sobre una cuestión de especial trascendencia como es la amnistía.
- Movilizar a todas las instituciones representativas (Las Cortes, los gobiernos y los parlamentos autonómicos y los Ayuntamientos) y a la sociedad civil para impedir la celebración de nuevas consultas independentistas en Cataluña y El País Vasco.
- Impedir en el Consejo de Política Fiscal que se otorgue un trato preferente a Cataluña y se vete la condonación de la deuda contraída con el Tesoro.
- Hacer pedagogía en todos los rincones de España para explicar el alcance de la ley de amnistía y el resto de las concesiones que Sánchez se ha comprometido a hacer a sus avalistas.
En suma y siempre dentro de la ley, los constitucionalistas tenemos una ingente tarea por delante en las instituciones y en las calles para contrarrestar las iniciativas del nuevo gobierno de Sánchez y preparar el terreno para derrotarlo en las urnas con mayor contundencia que el 23-J. La legislatura está atada, la legislatura no está blindada.
