Para infinidad de socialdemócratas, incluidos la mayoría de los líderes históricos del PSOE con González y Guerra a la cabeza, la continuidad de Sánchez al frente de un gobierno de coalición frente populista con Sumar-Podemos -a su vez una coalición de partidos de extrema izquierda enfrentados entre sí y unidos sólo por acumular poder y privilegios-, dispuesto a hacer concesiones indecorosas a sus potenciales avalistas (ERC, JuntsxCat, EH-Bildu y PNV), está poniendo en peligro el proyecto de reconciliación entre españoles sellado con la aprobación de la Constitución en 1978 que posibilitó el inicio del período más largo y fértil de nuestra historia contemporánea, aunando paz, libertad y progreso social y económico. Sólo el PSOE orgánico de Sánchez avala la deriva del partido socialista y sus líderes, casi sin excepción, se dedican con ahínco cainita a desacreditar a sus líderes históricos cuando no los expulsa “por su reiterado menosprecio”.
Más allá de los disparates que han supuesto algunas de las normas aprobadas durante la XIV Legislatura, la obsesión de Sánchez por ahondar en la división de la sociedad española reduciendo la política al enfrentamiento entre dos bloques, a los que con su habitual falta de rigor se refiere como bloques ‘involucionista’ y ‘progresista’ en sus cada vez más espaciadas comparecencias públicas, sin apenas preguntas y eludiendo responder a lo que se le pregunta, no sólo no está ayudando a sellar las heridas abiertas en Cataluña entre 2014 y 2017 por dos de sus socios prioritarios de Gobierno, sino que viene a dar la razón a quienes se levantaron contra el Estado de forma premeditada y desplegaron toda una serie de acciones gubernativas y parlamentarias contrarias a la división de poderes establecida en la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el resto del ordenamiento jurídico.
Sánchez quiere hacernos tragar un sapo incluso más gordo y venenoso que los indultos concedidos por su gobierno a los golpistas en junio de 2021
Sánchez quiere hacernos tragar un sapo incluso más gordo y venenoso que los indultos concedidos por su gobierno a los golpistas en junio de 2021, apenas unos meses después de haberse mostrado en contra de indultarlos y a favor del “cumplimiento íntegro” de la sentencia cuando afirmó, en una comparecencia sin preguntas en La Moncloa celebrada en octubre de 2021, que “en una democracia nadie es juzgado por sus ideas o por un proyecto político sino por delitos recogidos en el ordenamiento jurídico”. Pues bien ahora viene a decirnos que la hoja de ruta hacia la independencia impulsada y financiada por Puigdemont y Junqueras desde el gobierno de la Generalidad y por Forcadell desde la presidencia del Parlamento de Cataluña en 2016 y 2017, con la aprobación de las llamadas leyes de desconexión en septiembre de 2017 para ‘legitimar’ la posterior consulta ilegal celebrada el 1 de octubre y la constitución de la república catalana el 27 de octubre, fueron actos legítimos, y que, por tanto, no lo fueron la subsiguiente respuesta de la Corona el 3 de octubre de 2017 ni la destitución del gobierno de la Generalidad y la disolución del Parlamento de Cataluña el 27 de octubre, en aplicación del artículo 155 de la Constitución invocado para restablecer el orden constitucional y llevar ante en los tribunales a quienes habían cometido delitos gravísimos.
Amnistiarlos como pretende Sánchez ahora supondría admitir que sus acciones no eran punibles y en cambio las acciones desplegadas por la Corona, el gobierno de España, Las Cortes y el Tribunal Supremo y demás tribunales encargados de juzgar los delitos cometidos durante esos meses fueron un desafuero. No soy jurista y sería una temeridad por mi parte entrar a valorar en términos jurídicos la pertinencia o no de la medida -hay ya una miríada de juristas y opinadores exponiendo opiniones al respecto-, y me remito aquí a recomendar la lectura de la carta remitida por la Asociación de Fiscales españoles a la Comisión Europea que resume con precisión los hechos acaecidos en Cataluña y presenta una valoración jurídica de los mismos a la luz del ordenamiento jurídico-constitucional de España. Agradezco su trabajo como ciudadano residente en Cataluña, a falta de que sea el gobierno de España quien defienda mis derechos constitucionales ante las instituciones en Bruselas.
No se trata de meros cambios de opinión sobre un asunto complejo sino de turbias y oscuras maniobras para seguir en La Moncloa durante algunos meses
Quién en su día nos dijo a los ciudadanos que lo ocurrido en Cataluña no era sedición sino rebelión y advocaba en favor de la necesidad de “profundizar en esa cooperación judicial europea, [porque] a mí no me ha gustado lo que ha hecho el poder judicial en Bélgica”, quien afirmó solemnemente en el Congreso “a ustedes, Sr. Casado, se les fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta España para que rinda cuentas”, quien dijo que España es una democracia y se cumplen íntegramente las condenas “porque nadie está por encima de la ley”, hoy y desde Nueva York afirma sin pudor alguno que “lo he comentado siempre, una crisis política no debió derivar en una acción judicial”. Que ésta fuera siempre la posición de Sánchez es otra mentira más que el entonces presidente Rajoy, encargado de aplicar el artículo 155 de la Constitución, en aquellos días de zozobra para los catalanes constitucionalistas, ha confirmado. No se puede mentir más ni con más descaro.
No se trata de meros cambios de opinión sobre un asunto complejo y circunstancias cambiantes sino de turbias y oscuras, que no discretas, maniobras para seguir en La Moncloa durante algunos meses rodeado por su pequeña corte de ‘asentidoras’. Resulta difícil comprender como Calviño, Montero, Ribera, Rodríguez, etc., a las que se les supone cierta formación y criterio propio, asienten arrobadas cuando su jefe se digna intervenir en Las Cortes para desmentirse, e incluso aplauden a rabiar puestas en pie cuando lo hace mediante persona interpuesta, como ocurrió cuando el zafio diputado Puente lanzó sus venenosas diatribas contra el candidato Feijóo en la sesión de investidura. Cada una tendrá sus buenas razones para justificar las mentiras de Sánchez y tengo escaso interés en esclarecer su patético comportamiento y el del resto de diputados y compañeros del PSOE y del PSC.
No parece haberles hecho mella alguna que casi todos los líderes socialistas se hayan rebelado contra la deriva impuesta por Sánchez
Lo que verdaderamente me preocupa es que personas de cuya buena fe no tengo ninguna razón para dudar volvieran a votar el 23-J al presidente más mentiroso e indigno que ha estado al frente del gobierno de España desde 1978. También deben tener cada una de ellos sus buenas razones porque ni siquiera parece haberles hecho mella alguna el hecho de que casi todos los líderes socialistas, a quienes muchas de estas personas votaron con entusiasmo no hace tanto tiempo, se hayan rebelado contra la deriva impuesta por Sánchez al PSOE y contra sus planes para acabar con la igualdad de los españoles, realizando más y más concesiones a partidos que no ocultan su intención inquebrantable compromiso de constituir repúblicas independientes en Cataluña y El País Vasco.
Quizá les suceda algo similar a lo que les ocurría a algunos católicos viejos que compraban bulas a la Iglesia por un módico precio para eximirse de cumplir algunas de las obligaciones más molestas, porque a veces tengo la impresión de que algunos votantes del PSOE de Sánchez votan PSOE ‘progresista’ para sentirse moralmente confortados frente a la imaginaria involución -Sánchez dixit- que supondría un gobierno del PP incluso en solitario. Por cierto, Sánchez volvió a mentir en su última comparecencia en La Moncloa, tras ser designado candidato por Felipe VI, cuando afirmó que los españoles tenían que elegir entre un gobierno presidido por Feijóo con Abascal como vicepresidente y un gobierno ‘progresista’ presidido, cómo no, por el alquimista Sánchez. Hay otras alternativas que Sánchez rechaza por la simple razón de que supondrían reconocer que el PSOE obtuvo sólo 102 diputados y el PSC 19 el 23-J.
Las políticas conviene valorarlas ateniéndose a las consecuencias de su implementación, no aceptarlas o rechazarlas en función del partido que las proponga
Me gustaría que esos ciudadanos se preguntaran si restablecer el idioma común a todos los españoles -el mismo que emplean, por cierto, Ortúzar y Puigdemont cuando se reúnen para planear sus próximos pasos para acabar con la igualdad de los ciudadanos en derechos y deberes- en el sistema educativo constituye una involución, o si lo es posibilitar a los médicos ejercer su profesión en las Islas Baleares sin exigírseles como requisito el certificado C1 de conocimiento del idioma cooficial, o si la igualdad entre hombres y mujeres está amenazada en las Comunidades donde se han formado gobiernos de coalición entre el PP y Vox. Pregúntense qué involución se ha producido en aquellas Comunidades Autónomas donde gobiernan porque a lo mejor se llevan un chasco. Y también harían bien en preguntarse si acaso no son involucionistas y retrógradas algunas de las normas aprobadas por los gobiernos de Sánchez, como la ley del sólo sí es sí. que ha puesto en la calle o rebajado las penas de centenares y centenares de agresores sexuales, o la ley trans que amenaza la integridad física y psíquica de nuestros jóvenes, o la ley de acceso a la vivienda que más allá de la verborrea retórica no incluye ninguna medida efectiva ni respaldo presupuestario para aumentar la oferta y contener el alza de precios de la vivienda.
Las políticas conviene valorarlas ateniéndose a las consecuencias de su implementación, no aceptarlas o rechazarlas en función del partido que las proponga. Y los votantes de Sánchez tienen que preguntárselo porque sus gobiernos hasta ahora han tenido poco de progresista y mucho de populista, y ese poco lo han ensuciado con sus pactos opacos con quienes pretenden acabar con el ‘régimen del 78’ (Podemos-Sumar) y las concesiones vergonzantes realizadas a EH-Bildu y a los golpistas de ERC y JuntsxCat. Quizá acabe Sánchez trayendo a Puigdemont a España, como nos prometió en su día, pero no para juzgarlo sino para recibirlo con una alfombra roja en el Prat y devolverle la presidencia del gobierno de la Generalidad que al parecer de Sánchez le fue ilegítimamente arrebatada por el gobierno involucionista del PP cuando aplicó el artículo 155 de la Constitución. Háganse estas preguntas porque en sus manos está dejar de votarle antes de que acabe con el único régimen auténticamente democrático que hemos compartido los españoles y queda poco tiempo para detener la peligrosa deriva impuesta por Sánchez desde La Moncloa y por sus avalistas en el Congreso.
