Si el PSOE de Sánchez anda muy crecido impartiendo cursos acelerados a sus dirigentes, militantes y votantes sobre cómo constitucionalizar la amnistía, ¿qué decir de los líderes de Junts y ERC que han visto en Sánchez, miel sobre hojuelas, la oportunidad de salvar los muebles tras el naufragio del 23-J? No lo reconocerán nunca, porque ir de faroleros es marca de la casa, pero la manita que les ha echado Sánchez supera todo lo que podían aspirar a conseguir en uno de los momentos más bajos de su delirante aventura secesionista. Junqueras indultado de los gravísimos delitos que cometió ejerciendo de sacristán mayor de la ‘republica’, y el prófugo en situación casi desesperada, pendiente como está de que el Tribunal de Justicia de la UE ratifique la retirada de su inmunidad como europarlamentario, ya acordada por la Eurocámara y ratificada por el Tribunal General de la UE. Por no mencionar, las turbias conexiones con Rusia del gobierno secesionista presidido por el prófugo que están siendo investigadas por el Parlamento Europeo.
Pero ahí estaba Sánchez Tierra Firme para hacer de la discrecionalidad vicio (no de la necesidad virtud, como dijo) y firmar unos acuerdos de investidura que han subido de golpe a los dos gallos secesionistas al palo más alto del gallinero. Al menos Junqueras tuvo la dignidad de afrontar un juicio y pasar una temporada entre rejas purgando sus delitos de sedición y malversación de caudales públicos, en tanto el prófugo fanfarrón tras pedir a los miembros de su gobierno ignorar la destitución y ordenarles “mañana, todos a los despachos”, se dio a la fuga y ha estado ridiculizando a la justicia española y denigrando nuestras instituciones democráticas desde entonces. ¡Qué gran ejemplo los de las instituciones de la UE y el sistema judicial de Bélgica que han acogido al prófugo y le han pagado un excelente sueldo por ello! Claro que es a Sánchez a quien hay que pedirle responsabilidades por no haber cumplido su palabra de traer al fugado a España para sentarlo ante la justicia.
Sánchez aceptó eliminar el delito de sedición y rebajar las condenas por malversación en el Código Penal e indultó a los principales cabecillas del golpe
En la XIV Legislatura, Sánchez aceptó eliminar el delito de sedición y rebajar las condenas por malversación en el Código Penal exigidas por los secesionistas e indultó a los principales cabecillas del golpe de estado fallido sin previo arrepentimiento de los golpistas y en contra del dictamen emitido por el Tribunal Supremo. En la etapa iniciada tras la investidura, los secesionistas han subido el listón y el grupo socialista (PSOE-PSC) se avino a presentar como propia una proposición de ley de amnistía redactada por el emisario de Sánchez y el prófugo en Bélgica dos días antes de la investidura de Tierra Firme, con el fin de sobreseer cualquier responsabilidad penal, administrativa o contable resultante de las acciones emprendidas para celebrar consultas independentistas en Cataluña en que haya podido incurrirse entre el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023.
Era el primer pago obligado de Sánchez para ser investido presidente de España, aunque siempre cabe preguntarse si el prófugo se habría negado a investirlo y forzado nuevas elecciones, porque ésta era su única amenaza creíble y resulta difícil creer que le conviniera tensar la cuerda tras los pésimos resultados obtenidos por Junts el 23-J. Pero entiendo que Sánchez haya hecho sus cálculos y preferido amarrar la investidura enviando al taciturno Cerdán (ya veremos cuánto dura en el puesto) a negociar y firmar el acuerdo tóxico con Junts, no fuera a ser que el prófugo en un ataque de ansiedad decidiera arrojarse al abismo forzando nuevas elecciones. Tierra Firme sabía que el prófugo iba de farol, pero ha preferido no obligarle a enseñar sus cartas para arrancar la legislatura.
El prófugo tiene prisa ahora por poner sobre la mesa el resto de acciones acordadas con Sánchez
Registrada la ley de amnistía que le permitiría en principio volver a España, el prófugo tiene prisa ahora por poner sobre la mesa el resto de acciones acordadas con Sánchez: la creación de comisiones de investigación en el Congreso para revisar sentencias judiciales relacionadas con el proceso de secesión; la cancelación parcial (o completa, ya veremos) de la deuda contraída por la Generalidad con el Estado; la cesión del 100 % de los impuestos pagados en territorio catalán y la aprobación de una financiación singular para Cataluña; las transferencias de competencias sobre la gestión de los puertos y la red de cercanías de Renfe; etc., etc. Estamos ante una lista sin fin que se irá engrosando a medida que se vayan satisfaciendo algunas de las exigencias.
Sánchez lo sabe bien y por ello tiene prisa en aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que le proporcionarán un amplio margen para dilatar el cumplimiento de los acuerdos con Junts. El prófugo también lo sabe, de ahí que Nogueras, la portavoz de la formación en el Congreso, empleando el mismo estilo hortera y provocador de Rufián, se atreviera a calificar a España desde el atril del hemiciclo como un país anormal, porque, como tuvo a bien explicarnos la diputada, en un país normal magistrados como Llarena, instructor del proceso contra los líderes secesionistas, o Marchena, presidente de la sala de lo penal del Tribunal Supremo que juzgó y condenó a los sediciosos no huidos, “serían cesados y juzgados de inmediato”.
Como corresponde en situaciones de graves conflictos políticos, la reunión para la que no existe fecha fijada todavía se celebraría en algún país extranjero
¿Por quién cesados y juzgados? La intervención de Nogueras resulta muy reveladora por dos razones importantes. Primera, pone de manifiesto el escaso valor que los dirigentes de Junts otorgan a la división de poderes. Y, segunda, porque anticipa lo que podría ocurrir con el sistema judicial de Cataluña en caso de constituirse la república catalana, o en caso de que Sánchez accediera a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fuera la última instancia para los ciudadanos catalanes, como ya se anticipaba en la Ley Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Bastaría con que el prófugo o Nogueras u otros políticos de su especie consideraran ‘indecente’ al juez Aguirre que investiga las conexiones rusas del gobierno de la Generalidad para cesarlo y juzgarlo de inmediato.
Tanta prisa tiene JuntsxCat que Turull, ‘preso’ político y secretario general de la formación heredera de la corrupta CDC de Pujol y Mas, anunció el 14 de diciembre que está prevista la celebración de una cumbre entre el ‘presidente’ prófugo y el presidente Sánchez. Como corresponde en situaciones de graves conflictos políticos, la reunión para la que no existe fecha fijada todavía se celebraría en algún país extranjero, donde el ‘presidente’ prófugo no corra riesgo alguno de ser detenido y extraditado al país del presidente que prometió traerlo de vuelta a España para sentarlo en el banquillo. El propósito de tan estrambótica cita sería “ahondar en la negociación” y «profundizar en la resolución del conflicto político», según Turull. No les quepa duda de que “ahondar en la negociación” es el eufemismo empleado para no hablar abiertamente de la convocatoria un referéndum de autodeterminación.
Sánchez respondió con suficiencia que la única cita que veía en su agenda era con el presidente Aragonés el 21 de diciembre
Ante la insistencia de los medios de comunicación, Sánchez respondió con suficiencia que la única cita que veía en su agenda era con el presidente Aragonés el 21 de diciembre, dando a entender que ninguna cumbre entre ‘presidentes’ estaba prevista. Pero como Sánchez ha negado tantas cosas que luego ha acabado haciendo, resultaría insensato descartar que no esté ya negociando la reunión como ocurrió con los indultos o la ley de amnistía.. Y para confirmar la sospecha, Sánchez reconocía pocas horas después que no habría un cita sino muchas, tanto con el prófugo como con Junqueras.. Las últimas noticias indican que, para cubrir las apariencias, Sánchez retrasaría el encuentro hasta que ley de amnistía sea aprobada. Ya veremos qué ocurre si la ley resulta recurrida ante las instancias judiciales de la UE y el prófugo se pone de los nervios. Mejor que Sánchez no dilate tanto la cita y aproveche alguno de sus viajes a Bruselas para reunirse con el presidente del ‘consejo de la república’ en Waterloo. Al menos, nos ahorraría dinero a los contribuyentes.
ERC está empeñada en presentar como suyas las concesiones más tangibles arrancadas al gobierno de Sánchez, tales como la condonación de 15.000 millones de deuda de la Generalidad con el Estado, la transferencia de la red de cercanías para acabar con la presencia de la empresa estatal RENFE en Cataluña, o la reciente concesión de una licencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para iniciar la actividad de L’Energética, una empresa de propiedad pública de electricidad de la Generalidad con la que “el gobierno de Pere Aragonés quiere alcanzar la “soberanía” y la “autosuficiencia energética” de Cataluña”. Resulta sorprendente que mientras en España se han privatizado la mayoría de las empresas públicas, el gobierno de la Generalidad no deje de impulsar nuevas empresas públicas para seguir adelante con su proyecto de crear ‘estructuras de Estado’, como a los secesionistas les gusta llamarlas. No se preocupen si resultan deficitarias; España se hará cargo de la deuda.
Un punto clave del texto del pacto firmado por el PSOE con ERC es la creación de una comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat
Aunque sin duda, un punto clave del texto del pacto firmado por el PSOE con ERC es la creación de una comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat durante el primer trimestre de 2024 para lograr «una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos de Cataluña» y «asegurar el cumplimiento de los compromisos de inversión contenidos en el Estatuto de Autonomía de Cataluña». Bailac, portavoz de ERC en el Senado, recordaba que desde la Consejería de Economía de la Generalitat están trabajando en una propuesta de financiación singular para Cataluña, tratando de «buscar una solución» para poner fin al supuesto déficit fiscal «que sufre Cataluña», con frecuencia calificado hiperbólicamente como expolio por Junts y ERC.
Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, negó en la reunión de la Comisión de Política Fiscal y Financiera mantenida con las consejeras de Hacienda de las CC. AA., con la ausencia notoria de la consejera del gobierno de la Generalidad de Cataluña, que hubiera habido negociaciones bilaterales, aunque no negó que pueda haberlas en el futuro, De hecho, el propio Sánchez ya ha ofrecido a Aragonés explorar la posibilidad de iniciar conversaciones para otorgar al gobierno de la Generalidad una financiación singular, similar al cupo vasco, a cambio de aparcar durante esta legislatura la exigencia de celebrar un “referéndum [que] desde el punto de vista material en la Constitución no cabe”. ¿Hasta cuándo quedaría aparcado? ¿Hasta la próxima legislatura, Sr. Sánchez?
A los votantes socialdemócratas que volvieron a votar al PSOE el 23-J debería causarles vergüenza solo escucharle expresarse en términos semejantes
Y es que el premio gordo para los secesionistas de Junts y ERC es quién se lleva el mérito de acordar con Sánchez la fecha de un referéndum de autodeterminación en Cataluña para clarificar el mandato expresado por los catalanes en la consulta ilegal celebrada del 1 de octubre de 2017. A este respecto, Bailac señaló también en referencia al referéndum de autodeterminación que el independentismo «va a ser decisivo» en esta legislatura, subrayando para otorgar credibilidad a la exigencia de ERC que, como ocurrió en los casos de los indultos y la amnistía, “igual nos pasamos un tiempo escuchando a los mismos [PSOE y PSC] decir que el referéndum es también imposible, pero en política todo es cuestión de voluntad política». Incluso saltarse el ordenamiento constitucional y el Estatuto de Autonomía y las sentencias judiciales, debería haber añadido. ¡Menuda voluntad política!
Como reafirmó el exvicepresidente Junqueras, uno de los sediciosos indultados por Sánchez, en el Consejo Nacional de ERC el pasado 2 de diciembre, la apuesta por la república es irrenunciable porque “estamos convencidos de que ser una república, ser un estado independiente, nos daría más instrumentos para mejorar la vida de todos y cada uno de nuestros ciudadanos. Y por eso no podemos renunciar a luchar por un referéndum de autodeterminación de la misma manera que hemos luchado exitosamente también contra la represión”. A acordar indultos con y para los delincuentes, a borrar sus delitos con la ley de amnistía y poner en el punto de mira a los jueces y fiscales que los juzgaron y condenaron, y a pactar con políticos como Junqueras y Rufián a quienes sólo les importan “todos y cada uno de los ciudadanos” catalanes los PGE que afectan a todos los ciudadanos, a todo eso el presidente Sánchez lo llama hacer política progresista. A los votantes socialdemócratas que volvieron a votar al PSOE de Sánchez el 23-J debería causarles vergüenza sólo escucharle expresarse en términos semejantes y verle acusar a quienes se oponen a sus trapicheos con Junts y ERC de insolidarios y hasta fachas.
