Junts retoma una de sus pretensiones más controvertidas. Hace unos meses, la formación neoconvergente sugirió multar a las más 7.000 empresas que no quieran regresar a Cataluña tras haberse marchado a raíz de la inestabilidad generada por el procés. Ahora, se ha convertido en una de las condiciones para avalar mañana con su voto el decreto anticrisis del Ejecutivo. La idea de los nacionalistas es aprobar incentivos fiscales para las compañías que mantuvieron su sede e imponer sanciones a las que la trasladaron fuera de Cataluña. Cabe decir que en el acuerdo de investidura entres socialistas y nacionalistas se abordaba el regreso de las empresas, pero se omitió que se contemplasen medidas coercitivas.
Su pretensión no ha tardado en toparse con un fuerte eco crítico por parte de voces constitucionalistas. «Esto sería un atentado contra la libertad y tenemos un Gobierno capaz de todo. Por eso es falaz que la amnistía no afecte a “la vida de la gente”. Sin Estado de Derecho sólo hay arbitrariedad: nada garantiza que no te coaccionen u obliguen a pagar impuestos donde dicte el poder», ha señalado la analista Andrea Martínez Molina. Por su parte, el coordinador general de PP de Cataluña, Juan Milián, pronostica que «así Junts conseguirá que se lo lleven todo fuera de Cataluña». Y apostilla: «Qué genios».
