Los ataques contra Manuel García Castellón por insistir en que el prófugo Carles Puigdemont debe ser investigado por presuntos delitos de terrorismo en la causa que se sigue contra la organización ultra Tsunami Democràtic han llevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a salir en defensa del magistrado. La comisión permanente del CGPJ ha emitido un comunicado este viernes en el que exige al Gobierno del socialista Pedro Sánchez «moderación, prudencia y mesura», además de «responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial».
En un duro comunicado, el CGPJ ha mostrado su apoyo a García Castellón, al que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha acusado desde TVE de «tener cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del poder judicial».
Lealtad institucional
Ante estas palabras, el CGPJ ha dejado claro su «absoluto respeto» al derecho a la libertad de expresión de la ministra socialista. Pero también ha subrayado que es «imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho». A juicio del CGPJ, las manifestaciones de Ribera «son contrarias al principio de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de Derecho consolidado e integrante de la UE, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia porque solo unos jueces en los que sus conciudadanos confíen podrán prestar el derecho a la tutela judicial efectiva para la prevalencia de los valores comunes propios del Estado de Derecho».
