La Justicia ha admitido a trámite la denuncia presentada por el grupo de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, presidido por el socialista Jaume Collboni, tras aprobarse un cordón sanitario contra esta formación. Así lo ha anunciado este miércoles el presidente de Vox en el Consistorio, Gonzalo de Oro, en un comunicado en el que ha recordado que este «cordón antidemocrático» fue propuesto por el grupo de Barcelona en Común, liderado por la exalcaldesa Ada Colau.
Este acuerdo, que contó con el respaldo de los socialistas y de las formaciones separatistas, tiene como objetivo «someter a Vox en esta institución a un cordón antidemocrático» impidiendo a los concejales de la formación «el legítimo ejercicio de nuestro derecho fundamental a la participación política otorgado por la ciudadanía en las elecciones municipales de 2023».
Contra la Constitución
El recurso contencioso-administrativo presentado por Vox tiene como finalidad impugnar el acuerdo aprobado el pasado mes de enero por la Comisión de Presidencia municipal «al considerar que vulnera el derecho fundamental a la participación política y la libertad de expresión«, recogidos ambos en los artículos 23 y 20 de la Constitución. «El acuerdo», ha denunciado De Oro, «pedía concretamente excluir a Vox de determinados ámbitos municipales como comisiones de investigación y estudio, presidencias de distrito y acuerdos generales de pleno o comisiones».
«Lo ocurrido en el Ayuntamiento de Barcelona con Vox es gravísimo», ha añadido, «pretenden instaurar un apartheid institucional, que ya existía pero esta vez lo han hecho con luz y taquígrafos, por escrito y, además, incumpliendo el código ético del propio Ayuntamiento de Barcelona». «Estos cordones demuestran que Vox es más necesario que nunca y, ante estos ataques a la democracia que lo único que pretenden es silenciar a una parte de los barceloneses, les aseguramos que desde VOX vamos a seguir dando la batalla, no nos callarán», ha concluido Gonzalo de Oro.
