La entidad constitucionalista Impulso Ciudadano ha mostrado este martes su rechazo frontal al Pacte Nacional per la Llengua que, a propuesta del Govern de Salvador Illa, se firmará en Barcelona, con el apoyo de la Plataforma per la Llengua y Òmnium Cultural. Impulso Ciudadano ha denunciado que este acuerdo blinda una «visión supremacista del catalán» e impone un «modelo monolingüe y autoritario».
Impulso Ciudadano, entidad presidida por José Domingo, ha denunciado que ningún representante de la defensa del bilingüismo ha participado en las negociaciones de este pacto. Y ha añadido: «No busca proteger la lengua catalana, sino imponerla. Pretende transformar la realidad sociolingüística catalana -rica, plural, mestiza- en un modelo monolingüe dirigido desde el poder. Ignora deliberadamente que más de la mitad de los catalanes tiene el castellano como lengua materna. No oye su voz. No garantiza sus derechos. No los respeta».
Ingeniería social
Desde Impulso Ciudadano se ha alertado, además, de que este pacto es «un plan de ingeniería social que busca modelar conciencias y suprimir identidades personales«. El pacto, considera la entidad constitucionalista, «significa la marginación sistemática del castellano en la educación, en la administración, en la cultura, en los medios de comunicación y en el espacio público». Una «estrategia» que «choca frontalmente con la Constitución española y con los principios fundamentales de neutralidad institucional, libertad individual y no discriminación».
Propuestas por el bilingüismo efectivo
Ante esta situación, desde Impulso Ciudadano se propone un acuerdo que, entre otras cuestiones, reconozca el castellano como «lengua igualmente propia de Cataluña» y que revise el modelo educativo para «garantizar el bilingüismo efectivo y el cumplimiento de las sentencias judiciales». También exige la supresión de las multas lingüísticas, dejar de usar la lengua «como arma política» y garantizar que los ciudadanos sean atendidos en las administraciones tanto en castellano como en catalán.
Impulso Ciudadano defiende, además, el «fin de la imposición de los requisitos lingüísticos desproporcionados para el acceso a la función pública» y la transparencia y el control de las subvenciones destinadas a políticas lingüísticas. Además, ante la aprobación y firma del Pacte Nacional per la Llengua, la entidad constitucionalista pide a los ciudadanos que se movilicen para mostrar su rechazo al acuerdo.
