Carlos Cuerpo ha elevado al fin la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell al Consejo de Ministros, movimiento necesario para dar trámite a la polémica operación pero que a la vez prolonga la incertidumbre sobre una cuestión clave que tendrá una incidencia notable en el sistema bancario patrio. En la línea socialista, la decisión se ha tomado al límite del plazo legal -dicen las malas lenguas que para recabar munición-, y otorga ahora al Gobierno 30 días para evaluar los efectos de la OPA. Para torpedear la operación, si es que es lo que se pretende, el Ejecutivo debe aportar motivos más allá de la «defensa de la competencia» para justificar su decisión. Ahí podría entrar la bien conocida consulta popular.
La votación, abierta entre el 6 y el 16 de mayo, se usará muy probablemente como argumento a la hora de determinar el impacto de la operación. El Ministerio la sublima debido a su «alta participación» pero su diseño y garantías dejan mucho que desear. La encuesta no requería de identificación contrastable -ni siquiera era necesaria la nacionalidad si se disponía del enlace- y uno se podía inventar los datos cuantas veces quisiera, pues se podía votar ilimitadamente desde la misma IP. Cómo es lógico, la chapucería ha sido motivo de crítica, y la medida como una maniobra poco rigurosa, más cercana a un ejercicio de populismo que a un análisis técnico. El ambiente mediático afín también ha hecho el trabajo. Se resaltan, a través de informes firmados por CCOO y UGT -ya saben, agentes imparciales- entre 7.000 y 10.500 despidos, alimentando el rechazo público contra la operación, especialmente en Cataluña, donde el Sabadell, es cierto, es un pilar para las pymes. No es que no haya argumentos de peso, sino que la falta de transparencia en los resultados de la consulta refuerza la percepción de que el Gobierno busca motivos para justificar una decisión ya tomada, en base, por supuesto, a sus intereses.
BBVA, por su parte, defiende que los compromisos negociados con la CNMC, como mantener la financiación a pymes en Cataluña y Baleares, ya abordan las preocupaciones del Ejecutivo. Carlos Torres -presidente- advierte con criterio que un veto podría dañar la imagen de España ante inversores internacionales. A ningún inversor le agrada saber que el Gobierno se inmiscuye un poco de más en las cuestiones del mercado. Por su parte, Sabadell juega sus cartas, apostando por un nuevo plan estratégico para disuadir a sus accionistas de aceptar la OPA.
El Consejo de Ministros tiene hasta el 27 de junio para decidir. La Comisión Europea ya ha advertido sobre posibles acciones legales si se imponen trabas injustificadas.
