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El fisgón general que no cesa

El fisgón general que no cesa
El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

La última iniciativa de García Ortiz en su calidad de fiscal general del Estado (FGE) ha sido ordenar a su subordinada, la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS) a cargo del caso que investiga al FGE, recurrir el procesamiento de su superior jerárquico (él mismo) y solicitar el archivo de la causa, aduciendo que “los hechos objeto de imputación varían de un día para otro en las resoluciones del instructor”, el magistrado Ángel Hurtado del TS. La teniente fiscal deja caer también que “la rotunda inexistencia de prueba sobre la remisión del correo desde la Fiscalía General del Estado” invalida toda la instrucción y afea el empeño del juez en achacar la filtración del correo a instrucciones dadas al FGE desde la Presidencia del Gobierno. Además, la teniente fiscal considera que el asunto objeto de filtración, la propuesta de acuerdo entre un defraudador y la Agencia Tributaria, lejos de ser un asunto menor, como aduce el instructor, intentaba “informar acerca del comportamiento procesal de la Fiscalía en un asunto de indudable relevancia, ante informaciones demostradas como falsas que imputaban a la institución una actuación anómala por motivos políticos”.

Dos razones para no dimitir

El FGE ha rematado la faena con unas declaraciones dignas de figurar en la saga de El Padrino donde el capo de capos se presenta invariablemente como un modélico hombre de negocios ajeno a cualquier trama delictiva. Pese a estar a un paso de sentarse en el banquillo, García Ortiz ha ido incluso más allá que su subordinada y se ha atrevido a justificar su insólito comportamiento aduciendo dos razones ‘morales’ de peso. En primer lugar, el García Ortiz mantiene que “la fiscalía debe ser fuerte, no puede ser que la mentira derrote al fiscal general” y su dimisión en este momento causaría un gran daño reputacional a la institución que preside. La segunda razón esgrimida es que, según su propio barómetro de opinión, cuenta con el respaldo de sus compañeros de profesión.

Algunos diarios como El País, tabloides digitales como el diario.es y ElPlural.com, cadenas de televisión (TVE) y radio (Cadena Ser) afines al régimen ‘sanchista’ han recogido con indisimulada satisfacción la noticia y han tratado de presentarla del modo más favorable posible para el investigado. La Cadena SER ha llegado a dar por sentado que el recurso refuta el relato “incompleto y reduccionista” del instructor. Naturalmente, ninguno de estos medios se ha molestado en destacar cuál es la causa por la que el FGE, la persona en la cúspide de la institución encargada de velar por el cumplimiento de la legalidad, está siendo investigado: vulnerar la legalidad al difundir información privada de un contribuyente investigado por la Agencia Tributaria con una finalidad política, a saber, dañar la reputación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja sentimental del supuesto defraudador. El meollo del asunto no radica en si el ciudadano Rodríguez Amador defraudó o no a Hacienda, sino en si el FGE se saltó la legalidad al difundir información privada de un contribuyente.

Ni la una ni la otra

Las razones esgrimidas por el FGE para no dimitir son de una debilidad extrema y están ocasionando, en este caso sí, un enorme daño reputacional a la institución que preside. Para empezar, el FGE difícilmente puede estar velando por el mantenimiento de la legalidad cuando ordena a una de sus subordinados o utiliza a la Abogacía del Estado para pedir el archivo de la causa o recurrir los autos del juez que instruye el caso en el que él mismo está siendo investigado, una situación tan paradójica como lo sería si un juez nombrara al presidente del tribunal que va a juzgarle por presunta prevaricación. Además, el FGE podría verse obligado a suspender de sus funciones a su subordinada, la teniente fiscal provincial de Madrid, asimismo investigada por su participación en este caso, mientras él, igualmente investigado, se aferra a su cargo. 

Por otra parte, la mayoría de los fiscales, contrariamente a lo mantenido por el FGE, no le respalda y dos de las asociaciones que representan a los fiscales pidieron su dimisión en cuanto se conoció que estaba siendo investigado por el TS. Dexeus, la portavoz de la mayoritaria Asociación de Fiscales, ha manifestado que “la situación es insostenible” y el mantenimiento en el cargo del FGE es “una causa absoluta de sonrojo y vergüenza” que “perjudica el crédito de la institución”.  Pallarés, el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, ha pedido al FGE que dimita en un ejercicio de responsabilidad y recuerda que precisamente su negativa a hacerlo fue la razón por la que su Asociación se personó en la causa. La coartada de que sus compañeros le respaldan carece de credibilidad alguna.

Velando por la observancia de la legalidad

Para los neófitos en asuntos judiciales, el borrado de los mensajes de WhatsApp, los correos electrónicos y las conversaciones mantenidas por el FGE constituye un indicio evidente de que García Ortiz ,en lugar de aportar toda la información al instructor para esclarecer los hechos y su participación en ellos, procedió a borrar cualquier rastro, una conducta que explica quizá por qué se le conoce popularmente con el sobrenombre de Al Varone. Y no sólo los borró, como hacemos de vez en cuando los usuarios normales de estos servicios para liberar espacio en nuestros dispositivos y cuentas, sino que eliminó también las copias de seguridad en cuanto tuvo conocimiento de estar siendo investigado con el propósito de imposibilitar recuperarlos, reconstruir lo acaecido y esclarecer su grado de participación.

Como cualquier delincuente habitual, García Ortiz intentó borrar todas las huellas en la escena del crimen para no dejar rastro alguno de los contactos mantenidos esos días y ahí sigue tan ufano ejerciendo de FGE con el respaldo de Bolaños, ministro de Justicia, y del número uno de la banda del Peugeot y administrador único de la caja de resistencia. Aunque diste mucho de ser cierto, los señores que ocupan el banco azul han sacado a relucir en varias ocasiones que ellos, a diferencia del PP, “no rompemos discos duros a martillazos” para eliminar pruebas incriminatorias. Diga lo que diga Bolaños, el FGE ha hecho exactamente lo mismo que hizo el PP en el caso Bárcenas: borrar toda la información de sus dispositivos. En todo caso, si yo fuera el juez -perdonen la osadía de quien reconoce su total ignorancia de los procedimientos tribunalicios- le preguntaría al FGE cómo realizó el borrado y si necesitó contar con la ayuda de algún experto.

Perdona a quienes dudaron de ti, señor

Nada más conocerse el borrado de todos los mensajes y las conversaciones mantenidas por el FGE, Al Sanchone compareció para reprochar su actitud a quienes habían dudado de la honorabilidad de Al Varone. “¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general?”, nos preguntó. Ya son tantos los colaboradores de Sánchez a quienes tendría que pedirles perdón (Ábalos, Armengol, Bolaños, Cerdán, Montero, Puente, Reyes Maroto, Torres, etc.) que empiezo a tener problemas de agenda. Pero como soy un ciudadano progresista, muy respetuoso con quienes desempeñan con tanto esmero sus responsabilidades públicas, y siento además un gran apego por la verdad, cualquier día me planto en la puerta de la Fiscalía para presentar mis excusas a Al Varone e invitarle a impartir una clase magistral sobre borrado de indicios criminales, un área donde el FGE está considerado, con toda justicia, un experto consumado. 

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