Seguimos tocando fondo. La Comisión Europea se ha deshecho en reproches para España en su informe anual sobre el Estado de Derecho. El texto es terminante; considera que España presenta «alto riesgo de corrupción» en la contratación pública, las infraestructuras y la financiación de los partidos políticos, y reprocha con contundencia al Gobierno no haber elaborado aún una estrategia nacional anticorrupción, pese a estar legalmente obligado.
El informe repasa la situación en cada país de la UE. Si bien no somos los que peor parados salen -al final del día compartimos comunidad con países de la talla de Albania o Bulgaria-, la Comisión señala que España sigue sin abordar esta asignatura pendiente. Se reconocen avances en la agilización de los procedimientos judiciales relacionados con la corrupción de alto nivel, sí, pero ello dista de ser suficiente.
La Comisión alude al «caso Koldo» y a José Luis Ábalos; “en octubre de 2024, un exministro y miembro del Parlamento fue acusado como sospechoso en un presunto caso de corrupción relacionado con la pandemia”. El documento no incluye referencias a casos posteriores, ya que su análisis se limita al año 2024; mejor ni preguntarse qué diría ahora.
Especial preocupación genera el aumento de la percepción empresarial sobre la corrupción en España, un dato demoledor: el 40% de las empresas cree que la corrupción les ha impedido obtener contratos públicos en los últimos tres años, el doble que en 2023 y muy por encima de la media europea, situada en el 25%.
Bruselas también insiste en la necesidad de reformar la financiación de los partidos políticos, un ámbito que considera de alto riesgo y donde no se han aplicado las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. La capacidad del Gobierno para hacer caso omiso a las exigencias de Europa en materia de transparencia es extraordinaria.
En materia judicial, el informe pide reforzar la independencia del fiscal general, recordando que el actual -socialista, recuerden-, está procesado por revelación de secretos. Bruselas sugiere -exige- desvincular su mandato del Gobierno y mantener las garantías profesionales de los fiscales.
También hay para la ley de amnistía, aunque en menor grado. La Comisión señala que el texto ha sido “objeto de gran controversia” y recuerda que varios aspectos de la norma están siendo evaluados por el Tribunal de Justicia de la UE. Luego nos haremos los sorprendidos.
