El blanqueo de capitales sigue siendo una actividad ilícita relativamente común entre ciertos residentes fiscales en Andorra. Ahora, esta práctica delictiva alcanza también a ex directivos de entidades financieras. En concreto, este es el caso de la Banca Privada de Andorra (BPA) y su ex CEO entre 2008 y 2011, Joan Pau Miquel, condenado a siete años de prisión, 30 millones de euros de multa y diez años de inhabilitación para ejercer en el sector financiero.
24 procesados, 18 condenados
La sentencia del Tribunal de Corts de Andorra resuelve la causa que procesó a 24 directivos acusados de blanquear unos 70 millones de euros procedentes del grupo Gao Ping. Esta organización criminal combinaba negocios en apariencia legales —como la importación de mercancías y la compraventa de arte— con el blanqueo de fondos a gran escala, entre 2007 y 2015.
Entre los 18 condenados, además de Joan Pau Miquel, figura el ex director financiero de la entidad, Santiago Rosselló, condenado a seis años de prisión, 12 millones de euros de sanción y diez años de inhabilitación. Le sigue, entre otros, la ex responsable de prevención de blanqueo de BPA, Isabel Sarmiento, condenada a cinco años de prisión, 5 millones de euros de multa y la misma inhabilitación que Miquel y Rosselló. El resto de las penas oscila entre los cuatro y medio y los siete años de cárcel.Sin embargo, las defensas de los encausados ya han anunciado que recurrirán la sentencia.
Más de 100 detenidos y solicitan una amnistía
Higini y Ramon Cierco, que por aquel entonces ostentaban la condición de accionistas mayoritarios, no han sido condenados ni figuran como responsables directos de la trama. Pese a ello —y aunque delegaron la gestión ejecutiva de BPA en Joan Pau Miquel como CEO— sorprendieron el pasado marzo al trasladar al Gobierno de Andorra una propuesta de ley de amnistía para quienes sí estuvieron implicados de lleno, con el objetivo de buscar la llamada “reconciliación social”.
