La UE no está por la labor de aprobar la oficialidad del catalán, el gallego y el vasco, a pesar de que este fue uno de los compromisos adoptados por Pedro Sánchez con Junts para poder mantenerse en La Moncloa. Es ya la séptima vez que el Gobierno español lleva esta cuestión a la UE sin lograr resultados positivos y a pesar de que en cada una de ellas ha dado por hecho que lo conseguiría.
El Consejo de Asuntos Generales de la UE debatió ayer sobre esta cuestión y lo único que quedó claro fue la reticencia de algunos estados a dar luz verde a la propuesta de Sánchez. Es el caso de Luxemburgo, cuyo ministro de Asuntos Exteriores, Xavier Bettel, comentó tras la reunión que aunque entiende que «para los españoles el multilingüismo y las tradiciones son muy importantes«, considera que «el momento realmente no es el correcto», según recoge El Nacional. Y es que Bettel previamente puso como ejemplo el hecho de que aún no se haya llegado a acuerdos como asuntos de calado real para la UE como son las posibles sanciones a Rusia e Israel. La ministra de Asuntos Exteriores de Austria, Claudia Plakolm, señaló, por su parte, que «mientras haya una propuesta sobre la mesa que presente dudas legales que no hayan sido aclaradas, no es posible dar la aprobación».
El finlandés Joakim Strand indicó que es necesario más debate jurídico sobre la propuesta. Y el ministro de Polonia Adam Szłapka añadió que «la mayoría de los estados miembros necesita más tiempo porque hay preocupaciones, sobre todo legales, al respecto».
Tres nuevas oportunidades
La ministra de Asuntos Europeos de Dinamarca y presidenta del Consejo de Asuntos Generales de la UE hasta diciembre, Marie Bierre, explicó que se trata de una cuestión «muy sensible y simbólica» que este organismo tratará «con mucha cautela y en un diálogo continuo con los estados miembros». Y para ello ya están fijadas las fechas del 16 de septiembre, 21 de octubre y 17 de noviembre.
Tras este nuevo fracaso, el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, declaró que «lo que no puede ser es secuestrar o retrasar los debates innecesariamente». Sobre las dudas legales, Sampedro indicó que los estados pueden dirigirse a España para aclararlas. Y añadió que «puede que haya otros motivos que expliquen sus posiciones pero no es la falta de información y no hay ningún argumento económico ni en términos legales ni en términos de precedentes que pueda justificar retrasar esta iniciativa un minuto más». Lo cierto es que, según recoge El Mundo, una de las dudas que han presentado algunos estados tiene que ver con si España está realmente a asumir los 132 millones de euros anuales que costaría la oficialidad de estas lenguas en la UE.
