La comisaría de la Vía Laietana de la Policía Nacional, propiedad del Ministerio del Interior, ha sido declarada Lugar de Memoria Democrática. Sin embargo, este emblemático edificio —que acogió en 1929 a la Jefatura Provincial de Policía, en 1931 a la Comissaria General d’Ordre Públic, y a partir de 1941 a la Brigada Político-Social hasta la llegada de la democracia— no expulsará, por ahora, al CNP.
Símbolo de la represión
Desde el Ejecutivo suscriben que Vía Laietana 43 “fue un nodo principal de la tupida red de espacios y cuerpos represivos de la dictadura en Cataluña”. A colación de ello, indican que el espacio “se ha convertido en un símbolo de la represión sistemática llevada a cabo”.
En consecuencia, escudándose en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, el Gobierno impulsará una resignificación del espacio en aras de recordar a las víctimas y “garantizar la perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada” de lo acontecido en la comisaría.
Reacciones de partidos y asociaciones
Las valoraciones ante esta publicación del BOE son múltiples. Gerardo Pisarello (Comuns) ha celebrado la medida como “un triunfo de las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos”. Desde Esquerra Republicana, en cambio, consideran que el camino está a medio hacer y exigen la expulsión de la Policía Nacional. “Vía Laietana no será nueva sin un espacio de memoria para quienes lucharon por la libertad”, ha insistido la alcaldable Elisenda Alamany.
En la misma línea se ha posicionado la Associació Trans i Intersex Llibertat de Catalunya: “Este anuncio es una burla a la memoria de los torturados. Calificarlo como ‘espacio de memoria’ mientras se mantiene la sede de la Policía Nacional espanyola es un acto de menosprecio a las víctimas del franquismo”.
Decepción en la Policía
El tejido sindical policial denuncia, vía JUPOL, que el Gobierno “continúa con su plan establecido para echar a la Policía Nacional del centro de Barcelona, como exigen los separatistas”. Entienden que la resolución gubernamental publicada no es más que “el paso previo a la expulsión” y “una traición más del PSOE” a quienes velan por el mantenimiento del orden democrático en España.
