La lucha contra la corrupción sigue siendo una losa infranqueable para España. Así lo constata el último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), órgano dependiente del Consejo de Europa (CoE) e integrado por todos sus miembros, además de Estados Unidos y Kazajistán.
El paraíso de los corruptos
El documento denuncia que el Gobierno español ha evitado afrontar la cuestión de los aforamientos políticos, una figura legal tan anómala como polémica en el marco de la Unión Europea, que permite a los cargos públicos escapar del alcance de la justicia ordinaria al ser juzgados únicamente por tribunales superiores.
Otro foco de crítica es la opacidad que rodea a la actividad lobística: el GRECO advierte que España no garantiza la transparencia en las relaciones entre lobbies y cargos públicos, y señala directamente al PSOE por su Plan de Acción Democrática, una iniciativa que, lejos de poner coto al fenómeno, perpetúa la ausencia de regulación y de información sobre los vínculos entre representantes políticos y grandes grupos de presión.
Rechazan cargos de libre designación y exige mejoras
Además, el informe expresa gran preocupación por la falta de control sobre los asesores de libre designación y por el fenómeno de las ‘puertas giratorias‘, que permite a numerosos políticos transitar sin fricción desde cargos públicos a consejos de administración de los principales emporios económicos del país. Como nota positiva, el GRECO destaca la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional por su neutralidad y eficacia en la lucha contra la corrupción política.
Ante esta evaluación negativa, el Consejo de Europa exige al Gobierno un informe de seguimiento para 2026, fijando el 30 de junio como fecha límite. Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, deberá traducir y publicar el informe del GRECO en castellano para garantizar su accesibilidad a toda la ciudadanía.
