Alarmas en Europa. El Ejecutivo sanchista ha adjudicado a Huawei -empresa china y por ende extensión del régimen con estrictas vinculaciones legales-, un contrato para actualizar el software que almacena las escuchas legales realizadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil. El acuerdo, de poco más de un millón de euros, hace sonar las alarmas en Estados Unidos y Europa, que califican de insensatez el movimiento.
Las reacciones no son menores. Huawei es una empresa china y se le brindará acceso a uno de los softwares más delicados para la seguridad nacional; las escuchas legales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Información muy sensible. Las leyes del Estado chino pueden obligar a Huawei a entregar datos confidenciales al régimen de Pekín en cualquier momento, sin margen de decisión para la empresa. Cuando quieran y como quieran; la compañía está sujeta a la voluntad del Gobierno Popular Chino, sin ningún tipo de autonomía real: así lo establece su marco legal. “España está comprometiendo su propia seguridad”, resume Tom Cotton, miembro del Comité de Inteligencia del Senado de EE. UU.
Moncloa insiste en que se trata de una simple actualización de un sistema ya existente, sin conexión externa y totalmente cerrado. Huawei, por su parte, niega cualquier implicación en actividades de espionaje y afirma que el sistema cumple con estrictos estándares de seguridad. La empresa, pero, estará en disposición de hacer lo que considere oportuno son el software. Aunque Huawei dice ser privada, su estructura accionarial es difusa y se señala que empleados y directivos están estrechamente relacionados con el Partido Comunista Chino.
Con todo, el contexto internacional eleva la tensión. Huawei ha sido excluida desde 2020 de redes móviles 5G en países como Alemania, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Casi nada. Mientras tanto, China promete grandes inversiones en España, especialmente en sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones y la inteligencia artificial. Muy seguro todo.
El contrato pone de manifiesto una línea de actuación por parte de Sánchez que prioriza las relaciones económicas con China, en detrimento de las advertencias de sus principales aliados.
