El modus operandi es sencillo: se copa el máximo número posible de citas previas para extranjería con las distintas instituciones habilitadas -embajadas, consulados, puntos de gestión de extranjería, comisarías-, se saturan las listas de espera y se revende la fecha a extranjeros en situación vulnerable que dependen de esa cita para poder mantener su permiso de trabajo o residir en el país. El precio, por supuesto, acaba siendo desorbitado, habiendo llegado en los casos documentados más exagerados hasta los 3000€ por un simple encuentro con un funcionario.
¿El secreto? Nutrirse de la desesperación ajena. Las víctimas son personas que pueden perder su trabajo o incluso ser expulsadas del país si no renuevan su documentación. Cuando acceden a los distintos portales para pedir una cita, ven que las más próximas son a meses vista; demasiado tarde, puesto que para cuando se la concedan ya habrá caducado el plazo. Ahora bein, la falta de disponibilidad no se debe a un alto número de demandas legítimas, sino que responde a la estrategia de los «intermediarios», que las han acumulado para revenderlas a precio de oro. Cuando la alternativa a no pagar es perder el sustento, pagas.
Las investigaciones de la policía apuntan a una trama desde el extranjero. Las mafias colapsan desde otros países las webs de cita previa mediante aplicaciones especializadas, automatizadas para conseguir el mayor número posible de fechas sin dejar opción a los demandantes reales; son más rápidos. Luego, se anuncian por redes con total impunidad, ya que al no encontrarse en suelo español se dificulta en enorme medida su persecución.
El paquistaní ha sido el primer colectivo en denunciarlo. Señalan precios abusivos y pasividad institucional. Por su parte, y pese al inicio de las investigaciones, la policía adelanta que se trata de un fenómeno complicado de neutralizar al desarrollarse desde el extranjero.