La Fiscalía Superior de Catalunya ha solicitado que se anulen, o en su defecto se modifiquen, las bases del concurso público del Parlament que obligan a sus chóferes a acreditar un nivel B2 de catalán. El Ministerio Público considera que esta exigencia resulta desproporcionada y propone rebajarla a un nivel B1.
El procedimiento se originó tras un recurso presentado por la entidad Convivència Cívica Catalana, que sostiene que dicho requisito “no guarda relación práctica con las funciones del puesto” y supera lo establecido por la propia normativa autonómica.
En su informe, la Fiscalía argumenta que exigir un nivel B2 puede convertirse en “una barrera de entrada y un requisito excluyente que impide de manera generalizada el acceso a la función pública” para aspirantes que, aun careciendo de esa acreditación, podrían desempeñar el trabajo con normalidad.
Charlas con los diputados
Desde el Parlament defienden que el conocimiento del catalán de sus conductores debe ser suficiente para interactuar con diputados y personal institucional, y que por tanto el requisito está justificado.
El debate llega en un momento de creciente controversia sobre los niveles de catalán exigidos en la administración pública. En las últimas semanas, varias resoluciones judiciales han considerado excesivo imponer el nivel B2 para puestos sin atención directa al público, al entender que puede generar un efecto discriminatorio. Así ha sucedido en Vic, donde el Ayuntamiento ha sido condenado por exigir este nivel de catalán para el puesto de operario en el cementerio cuando con un A2 bastaría.
