Se ahonda la crisis de gobernabilidad en España. Sánchez atraviesa su peor momento desde el inicio de la legislatura tras las advertencias públicas del PNV y la exigencia de remodelación profunda planteada este jueves por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Los vascos, socios clave con cinco escaños que determinan la mayoría absoluta en el Congreso para ambos frentes, ha elevado el tono al máximo. Su portavoz en sede parlamentaria, Maribel Vaquero, advierte que el Ejecutivo está “desnortado” ante los escándalos de corrupción y las denuncias de acoso sexual en el PSOE, y situa la posible convocatoria de elecciones generales en 2026 como “una apuesta razonable”. Aunque el PNV mantiene formalmente el acuerdo de investidura, Vaquero subraya que existe “una línea roja grande” que, de cruzarse, rompería el apoyo parlamentario, y es que el PNV es el partido más inequívocamente conservador dentro de todo el espacio que da apoyo «estratégico» a Sánchez.
Por su parte, Díaz endurece la presión interna. En la presentación del informe sobre el Salario Mínimo Interprofesional, la vicepresidenta ha exigido una “remodelación profunda y radical” del Gobierno, una auditoría inmediata en la SEPI y un plan de regeneración democrática. “Es insoportable la corrupción y los puteros”, afirmó Díaz, refiriéndose a los casos que afectan a ex altos cargos socialistas y a las denuncias de acoso dentro del partido. Aunque no pide elecciones anticipadas ni rompe la coalición,sus declaraciones suenan a precampaña; empezar a marcar distancias pese a haber gobernado ya una temporadita larga al lado del socialismo.
La «coincidencia» temporal de ambas advertencias deja al Ejecutivo en un aislamiento casi total de sus 121 diputados. A excpeción, claro, del amor incondicional de ERC y su portavoz. El socialismo reconoce que Sánchez baraja una crisis de Gobierno antes de final de año, aunque no está decidido su alcance.
De no producirse cambios significativos en las próximas semanas, los rumores apuntan a la convocatoria de elecciones anticipadas entre marzo y junio de 2026 como escenario central. Por primera vez en la legislatura, los socios caudales del Gobierno hablan abiertamente de su final.
