El PSOE de Sánchez acorralado por sus avalistas. Algunos lo advertimos el mismo 2 de junio de 2018, pocas horas después de que Sánchez ganara la moción de censura que aupó al PSOE de Sánchez al gobierno de España contando con una representación exigua en el Congreso y el respaldo de formaciones populistas de ultraizquierda (Podemos-Comunes) y partidos nacional-separatistas (ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG) de todos los colores: no se podía gobernar con tan exigua minoría. El propio presidente Sánchez lo reconoció indirectamente al verse abocado a convocar dos elecciones consecutivas el 28 de abril y el 10 de noviembre de 2019 y reconocer en una entrevista televisada, pocas horas antes de celebrarse la segunda de esas citas, la inviabilidad de formar un gobierno de coalición estable con Podemos. No podría dormir tranquilo, confesó a los españoles, apenas unas horas antes de que se abrazara con Iglesias para formar un gobierno de coalición que, según él mismo había reconocido, resultaría ingobernable.
Pago por las investiduras de Sánchez e Illa
A la vista de todo lo sucedido a partir del 1 de junio de 2018 en que Sánchez resultó investido presidente por primera vez, uno se siente tentado a concluir que nos engañó de manera vil o no ha pegado ojo desde entonces. Sea una cosa u otra, lo cierto es que los españoles respetuosos con la Constitución y el ordenamiento jurídico estamos pagando muy caro su engaño o su desvelo. Dejando al margen las contradicciones y las continuas desavenencias entre los ministros de los gobiernos de coalición, primero con Podemos (2019-2023) y luego con Sumar (2023-2025) que impiden desplegar una acción coherente de gobierno, el mayor daño ocasionado por los gobiernos de Sánchez al orden constitucional es haberse prestado a negociar normas de gran calado con dos partidos, ERC y Junts, cuyos líderes habían sido juzgados y condenados por sedición por el Tribunal Supremo o se encontraban en situación de prófugos de la justicia tras huir de España para evitar ser detenidos y juzgados.
Los indultos concedidos a los líderes sediciosos de ERC y Junts en 2021 fue el primer aviso de que el gobierno de Sánchez estaba dispuesto a pagar cualquier precio para contar con el respaldo en el Congreso de quienes lo habían aupado a la Moncloa. Pero fue la presentación de un proyecto de ley de amnistía el 13 de noviembre de 2023 para atar los votos de Junts e investir presidente a Sánchez dos días después, negociado en Bruselas y Ginebra entre el prófugo de Waterloo y Cerdán, secretario de organización del PSOE encarcelado desde hace unos meses por presunta pertenencia a banda criminal, proporciona una idea muy precisa de la inagotable capacidad de Sánchez e Illa para incumplir sus promesas electorales y su absoluto desprecio a la separación de poderes al amnistiar a los sediciosos en contra del informe razonado del Tribunal Supremo. Ambos líderes socialistas habían proclamado que no habría amnistía para los golpistas y ningún votante socialdemócrata decente debería perdonarles semejante atropello del Estado de Derecho.
Otorgar una financiación singular a Cataluña, negociada en este caso entre el PSC y ERC para investir a Illa presidente de la Generalidad, constituye otro atropello mayúsculo al orden constitucional, en este caso a las normas que rigen el sistema de financiación de las quince Comunidades Autónomas sujetas al régimen común y que de materializarse tendría consecuencias negativas para el bienestar de la inmensa mayoría de los ciudadanos. La intención del gobierno de conceder al gobierno de la Generalidad la gestión de todos los impuestos recaudados en Cataluña y negociar bilateralmente su aportación al sostenimiento del Estado resulta rechazable por varias razones de mucho peso:
- En primer lugar, por tratarse de un acuerdo entre tres partidos PSOE, PSC y ERC fraguado al margen del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano competente para entender “en general, todo aspecto de la actividad financiera de las Comunidades Autónomas y de la Hacienda del Estado que, dada su naturaleza, precise de una actuación coordinada”. Y otorgar una financiación singular a Cataluña exige una actuación coordinada porque afecta a las demás Comunidades y tiene importantes implicaciones financieras a corto, medio y largo plazo.
- En segundo lugar, porque supondría la quiebra de la Agencia Tributaria (AT) y la pérdida efectiva de control sobre los ingresos tributarios de todos los impuestos estatales no cedidos a las Comunidades. Más allá de la pérdida de eficiencia que ocasionaría trocear la AT, no se puede ignorar que no estamos ante la cesión de una competencia meramente administrativa, recaudar los impuestos, algo que ya hacen las oficinas territoriales de la AT, sino que el propósito de la reforma es mejorar la financiación de Cataluña y, por tanto, reducir su aportación a la financiación del Estado. El riesgo a futuro resulta evidente poque, incluso si el gobierno de Illa acordara realizar una contribución de Cataluña al Estado y al fondo de solidaridad autonómica que dejara inalterada la distribución actual de recursos entre las quince Comunidades Autónomas, los gobiernos de la Generalidad podrían negarse en el futuro a mantener esa aportación.
- En tercer lugar y contrariamente a lo que ha mantenido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, a saber, que “ninguna comunidad autónoma va a perder recursos”, otorgar una financiación singular a Cataluña aumentará más pronto que tarde los recursos del gobierno de la Generalidad y recortará los que disponen el resto de Comunidades Autónomas para financiar sus prestaciones. Decía Montero hace unos meses que su Ministerio estaba “trabajando mucho para cumplir con las diferentes premisas”, pero el resultado de la reunión bilateral mantenida el pasado 14 de julio no ofrece garantías al resto de Comunidades de cumplirlas.
El documento publicado por Moncloa está redactado con una vaguedad, sin duda, calculada, pero si el acuerdo bilateral establece la “suficiencia financiera y corresponsabilidad fiscal, para garantizar los recursos necesarios para Cataluña y el resto de comunidades autónomas en relación con sus competencias, a la vez que se garantiza también la suficiencia de los recursos del Estado, para lo que se establecerán porcentajes de participación en la recaudación de los tributos que se acuerden (cesta de impuestos)”, la pregunta obligada a hacerse es en qué difiere del sistema actual que ya establece los porcentajes de participación del Estado y las Comunidades en los impuestos estatales y otorga a Cataluña una financiación suplementaria para cubrir sus competencias específicas. Habrá que estar, no obstante, muy atentos porque el acuerdo establece también que “los ingresos del nuevo modelo irán vinculados a la recaudación, de forma que desaparecerán las entregas por anticipado”, y la recaudación en cada Comunidad no coincide con los tributos soportados por sus habitantes ni con los recursos que garantizan la misma financiación por población ajustada a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal.
Se puede debatir hasta qué punto puede mejorarse el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, pero la idea de trocear la AT y negociar bilateralmente con Cataluña su aportación al Estado constituye una amenaza muy seria para la supervivencia del Estado mismo, que, no lo duden, es la única institución que puede garantizar servicios públicos aproximadamente iguales para todos los ciudadanos, con independencia de la Comunidad donde residan. Y tener siempre muy presente que la singularidad de Cataluña estriba no en que tenga algunas competencias específicas, como la seguridad ciudadana, transferidas, sino en que los Mozos de Escuadra en Cataluña perciben salarios mucho más elevados, circunstancia extensible a todos los muy numerosos altos cargos del gobierno de la Generalidad, diputados en el Parlamento de Cataluña y empleados de las Administraciones Públicas catalanas, cuyos sueldos superan ampliamente los de sus homólogos en las demás Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado. A aclarar esta cuestión ya dediqué un artículo en este diario, titulado “GenCat: una Administración sobredimensionada y cara”, en junio de 2020.
