Los Mossos d’Esquadra han desmantelado un entramado criminal especializado en estafas financieras en el sector inmobiliario y operativo en varias comunidades autónomas. El dispositivo, ejecutado el pasado 11 de octubre por la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Región Policial de Girona, terminó con 22 detenidos en diferentes localidades de Cataluña y en Sevilla, donde se encontraban los principales líderes del grupo. Entre los arrestados figura un abogado que, en algunos casos, actuaba como apoderado en operaciones fraudulentas.
Según la investigación, la organización habría defraudado más de 1.200.000 euros mediante un esquema altamente planificado basado en la usurpación de identidad, la falsificación documental y la obtención de poderes notariales fraudulentos para solicitar créditos elevados a inversores privados. Dichos créditos se avalaban con inmuebles sobre los que los estafadores no tenían ningún derecho de propiedad.
Una investigación iniciada por una denuncia notarial
El caso comenzó en mayo de 2025, cuando un despacho notarial de Figueres denunció una posible estafa continuada de grandes cantidades económicas. A partir de este aviso, los investigadores identificaron a una red que simulaba ser propietaria de inmuebles de alto valor, solicitaba créditos con ellos como garantía y, posteriormente, desaparecía sin devolver el dinero.
Uno de los principales cabecillas se movía entre Sevilla y Cataluña, y mantenía vínculos con miembros del grupo asentados en Rubí y Manresa, donde se desarrolló parte del dispositivo policial.
Un modus operandi con cuatro fases perfectamente definidas
La estructura delictiva funcionaba mediante un plan dividido en cuatro etapas:
- Selección de inmuebles
Los estafadores buscaban propiedades de alto valor en portales inmobiliarios y verificaban su estado en el Registro de la Propiedad. Su objetivo era detectar inmuebles libres de cargas y con suficiente atractivo para potenciales inversores. - Usurpación de identidad y falsificación de documentos
Con los datos de los propietarios en la mano, el grupo elaboraba documentación falsa y confeccionaba DNI manipulados para hacerse pasar por los titulares de las fincas. Luego acudían a notarios para otorgar poderes de disposición a favor de otro miembro de la organización, incluido el abogado detenido. - Captación de inversores y solicitud de créditos
Simulando urgencias económicas, los miembros del entramado pedían créditos de entre 100.000 y 300.000 euros, avalados con los inmuebles sobre los que habían obtenido poderes fraudulentos. La operación se formalizaba mediante una opción de compra a corto plazo, una fórmula que hacía creer a los inversores que la operación era segura. - Reparto del dinero y blanqueo
Tras recibir el crédito, el grupo repartía el dinero y lo invertía en compra de inmuebles, vehículos, sociedades y movimientos bancarios destinados a ocultar el origen ilícito de los fondos.
Víctimas difíciles de detectar el fraude
Entre los perjudicados figuran tanto los propietarios reales de los inmuebles como los inversores que, confiando en la validez de los poderes notariales, entregaban grandes cantidades de dinero. También se recibieron denuncias de intermediarios financieros y asesores, que pusieron en contacto a las víctimas con la organización.
Durante la investigación se acreditaron 13 poderes notariales fraudulentos y 7 estafas consumadas por más de 1.200.000 euros.
Un dispositivo policial con más de 80 agentes
El operativo del 11 de noviembre movilizó a más de 80 agentes, con entradas simultáneas en Estepa (Sevilla) —con apoyo de la Guardia Civil—, Rubí, Manresa y otras localidades catalanas. En los registros se localizaron DNI y pasaportes falsificados, dispositivos electrónicos, pequeñas cantidades de droga y una pistola detonadora manipuladapara disparar.
El balance final fue de 22 detenidos (17 hombres y 5 mujeres), arrestados en Manresa (8), Rubí (5), Estepa (3), Sant Fruitós del Bages (2), Figueres (1), Salt (1) y Castellolí (1). La mayoría contaba con antecedentes por delitos similares.
A todos ellos se les imputan delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documento público, usurpación del estado civil y pertenencia a organización criminal.
