La Generalitat vende como “gran repte de país” la idea de construir un piso de alquiler social cada hora durante 20 años, pero parte desde una de las peores posiciones de Europa. Actualmente, los pisos de alquiler social apenas representan alrededor del 2% de las viviendas habituales, frente a un parque social que en la UE ronda el 8–9% del total. En un mercado con esta brecha, cada anuncio ambicioso llega tarde y con poco margen de error.
El propio Govern reconoce que, para llegar a ese 9% en 2045, harían falta unas 260.000 viviendas de alquiler social adicionales: 184.000 de nueva construcción y el resto mediante compra o movilización de pisos vacíos o de mercado. Esto implica sumar 37 pisos sociales al día, 25 de ellos de obra nueva, más de 9.000 al año. Es un ritmo similar al de Viena… en una administración que lleva años sin cumplir objetivos mucho más modestos.
El contexto español tampoco ayuda. La vivienda social en España sigue estancada por debajo del 2%, muy lejos de las referencias europeas. Incluso con los últimos anuncios y la incorporación de activos de la Sareb, el parque público apenas habría subido del 2,5% al 3,4%, aún lejos del estándar europeo cercano al 9%.
A ello se suma un problema estructural de prioridades presupuestarias: España solo dedica en torno al 0,23% del PIB y el 0,1% del gasto público total a políticas de vivienda, frente a una media europea cercana al 0,6% del PIB. Mientras tanto, la presión sobre los hogares vulnerables es extrema: alrededor del 42% de los inquilinos con menos renta destinan más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler.
Los datos del mercado del alquiler en Cataluña confirman ese bloqueo: los nuevos contratos se han reducido de forma notable tras la aplicación de topes y regulaciones, con caídas cercanas al 20%, mientras las diferencias por zonas siguen siendo muy marcadas. En paralelo, análisis liberales advierten de que la hiperregulación habría expulsado del mercado una parte significativa de la oferta, reduciéndola en torno a un tercio.
El resultado es una paradoja muy española: se promete construir a ritmo de capital nórdica, pero se mantiene un entramado de licencias lentas, inseguridad jurídica y reglas cambiantes que frenan la inversión y retrasan proyectos. Cataluña necesita más vivienda social, pero también más oferta en general; sin un giro en fiscalidad, suelo y regulación, el objetivo del 9% corre el riesgo de quedarse en otra cifra grandilocuente en un power point institucional. España y Cataluña siguen llegando tarde a la crisis de vivienda mientras los precios y la edad de emancipación se disparan.
En X, varias voces críticas con la intervención pública han comentado el plan.
- @JuanLuis_JG — el economista advierte que los préstamos públicos a jóvenes para la entrada empujan la demanda sin aumentar la oferta, recordando el precedente británico donde los precios subieron mientras la oferta no crecía.
- @davmiranda — el analista señala que la oferta de alquiler en Cataluña se ha desplomado un 26% mientras los precios siguen subiendo, describiendo un mercado donde los inquilinos hacen cola y los propietarios pueden elegir.
- @dlacalle — el economista liberal denuncia el impacto de la Ley de Vivienda: “el socialismo siempre destruye lo que finge proteger”, citando alquileres más caros y contratos un 10% por debajo del año anterior.
Cataluña llega a la crisis del alquiler con un parque social raquítico, una presión de precios que expulsa a jóvenes y clases medias y un Estado que sigue dedicando a vivienda una fracción mínima de lo necesario. El plan de “un piso social por hora” marca una dirección, pero deja abierta la pregunta esencial: de dónde saldrán el dinero, el suelo y la agilidad administrativa para convertirlo en realidad.
Mientras España siga en la cola europea en vivienda social y mantenga un marco poco atractivo para construir y ahorrar, la distancia entre los anuncios y las llaves reales en manos de los jóvenes seguirá creciendo.
