La Cámara de Representantes acaba de aprobar, con el voto en contra de los demócratas – salvo 1-, la ley Save América, con 218 votos a favor y 213 en contra. Si uno sigue los medios convencionales españoles ya habrá apreciado que una constante, sea cual sea su línea editorial, es denostar todo lo que haga -o no haga- Trump. Sin duda, el Presidente americano puede ser criticado por muchas cosas, pero carece de toda lógica criticarle o acusarle de querer «deslegitimar la democracia» por pedir que los votantes se identifiquen con un documento público con foto. Lo que aquí sería DNI, NIE, pasaporte o carnet de conducir. Los demócratas se niegan alegando que no hay pruebas de fraude y que solicitar ese tipo de identificación sería «racista y contrario a las minorías». Cuesta trabajo, desde la práctica europea, entender los argumentos demócratas que, evidentemente, abren la puerta al fraude.
¿Por qué se oponen los demócratas a una regulación que hace más difícil el fraude? Según la IA:
«Los demócratas en EE.UU. generalmente apoyan requisitos de identificación flexibles para votar, priorizando el acceso al voto sobre medidas estrictas que podrían excluir a votantes elegibles, como los de bajos ingresos o minorías. En lugar de exigir ID con foto obligatoria, consideran suficientes alternativas como verificación de firmas, declaraciones juradas o documentos no fotográficos que prueben residencia o identidad. Aquí van ejemplos específicos de tipos de identificación que se consideran suficientes en estados controlados por demócratas o en posiciones típicas del partido:
- Declaraciones juradas o affidavits: Si un votante no tiene ID, puede firmar una declaración bajo pena de perjurio afirmando su identidad y elegibilidad. Esto es común en estados con leyes «no estrictas» y es respaldado por demócratas.
- Ninguna identificación requerida: En 14 estados y el Distrito de Columbia (como California, Nueva York, Illinois y Maryland), no se necesita ningún documento para votar en persona. Basta con declarar el nombre, dirección y firmar, verificando que coincida con el registro de votantes. Esto se alinea con el enfoque demócrata de minimizar barreras.
- Documentos no fotográficos: En estados como Nueva Jersey o Nueva York, se aceptan formas no fotográficas, como facturas de servicios públicos (utility bills), extractos bancarios (bank statements), cheques de gobierno (government checks), cheques de pago (paychecks) o cualquier documento oficial que muestre nombre y dirección.
- Otros documentos alternativos: En algunos contextos, se aceptan contratos de alquiler (lease agreements), identificaciones estudiantiles (student IDs) sin foto, o verificaciones backend como los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social (SSN) durante el registro.
Estos ejemplos contrastan con propuestas republicanas como el SAVE Act, que exigen prueba documental de ciudadanía (como pasaporte o certificado de nacimiento) y que los demócratas han criticado por ser demasiado restrictivas. Sin embargo, las encuestas muestran que alrededor del 60-70% de votantes demócratas y 85% del total apoyan ID con foto, aunque los líderes del partido enfatizan protecciones contra la supresión del voto».
Juzguen ustedes mismos. Si a todo ello le añadimos que en torno a un 35% del voto se emite por correo, el margen potencial para el fraude se amplía de forma evidente. No sólo por las dificultades de verificación directa de la identidad del votante, sino también por la posibilidad de presiones en entornos cerrados o de dependencia: miembros de determinados colectivos —por ejemplo, un convento o una asociación—, un hijo que influye sobre sus padres ancianos, o unos progenitores que condicionan el voto de hijos jóvenes o con discapacidad. Y todo ello, por supuesto, sin entrar siquiera en prácticas como el posible “cambiazo” de sacas.
En todo caso no parece que las propuestas republicanas favorezcan el fraude, sino todo lo contrario. Teniendo en cuenta la «maldad» de Trump, cabría pensar que serían precisamente los demócratas quienes impulsaran mayores garantías y controles adicionales. Salvo, claro está, que consideren que determinadas irregularidades —o la laxitud en los procedimientos— puedan beneficiarles electoralmente.
