La Generalitat de Catalunya ha pasado a la ofensiva contra las malas prácticas en el sector financiero. A través de la Agència Catalana del Consum (ACC), el Govern ha abierto expediente sancionador a un total de 17 empresasdedicadas a la comercialización de créditos rápidos por aplicar cláusulas y prácticas abusivas que perjudican directamente a los ciudadanos. Estas infracciones, detectadas tras una intensa campaña de inspección a finales de 2025, podrían suponer multas de entre 10.000 y 100.000 euros por expediente.
El objetivo de esta campaña ha sido poner bajo la lupa a las entidades que ofrecen financiación inmediata a través de internet, un producto que destaca por su facilidad de concesión pero que conlleva costes muy superiores a los del mercado ordinario. Según ha explicado Isidor Garcia, director de la ACC, este tipo de préstamos son «especialmente peligrosos» debido al alto riesgo de sobreendeudamiento que generan, impulsado por intereses desorbitados y una preocupante falta de información previa al consumidor.
Derecho de desistimiento
Tras analizar la publicidad y los contratos de 21 empresas, los inspectores han hallado irregularidades graves en la gran mayoría. Entre los incumplimientos más habituales destacan el cobro de tipos de interés y de demora abusivos, la omisión del derecho de desistimiento —que permite al cliente anular el contrato en un plazo de 14 días— y la inclusión de cláusulas que permitían a la empresa modificar el contrato de forma unilateral.
Desde la Generalitat insisten en que estas inspecciones son vitales para proteger a los colectivos más vulnerables, quienes suelen recurrir a estos préstamos rápidos ante gastos imprevistos al no tener acceso al crédito bancario convencional. Además de las sanciones, Consum mantiene activas diversas campañas de concienciación para advertir a la población sobre los riesgos de estas operaciones financieras que pueden comprometer seriamente la economía familiar.
