El informe de Mario Draghi, El futuro de la competitividad europea, hecho público en septiembre de 2024, nos puso ante la cruda realidad: desde el inicio del siglo, el crecimiento medio anual del PIB había sido en China el 8,3 por ciento, en EEUU el 2,2 y en Europa sólo el 1,5. Y, si a lo que vamos a la productividad por hora trabajada, los resultados son aún peores para nosotros. Todo ello, además, en un contexto cada vez más complejo, porque los americanos han dejado de ser garantes de la estabilidad geopolítica global, Rusia ya no constituye un proveedor fiable y barato de energía primaria y, en lo que hace a la tecnología, y en particular a la fabricación de vehículos eléctricos, China no para de ganar terreno. Draghi, en fin, un verdadero aguafiestas -bien que estando por la descarbonización, sobre todo porque abarata la producción-, como lo fue Casandra, la hija de Príamo, cuando, en Troya, advirtió que el caballo de madera tenía truco.
Todo parece indicar que, en los casi dos años transcurridos desde septiembre de 2024, la opinión pública del viejo continente va cayendo en la cuenta de que así no podemos seguir, aunque sabiendo todos que los cambios de rumbo exigen una dosis de pedagogía que los políticos no están en condiciones de desplegar: lo suyo es otra cosa, el cálculo electoral inmediato.
La opinión pública del viejo continente va cayendo en la cuenta de que así no podemos seguir
Y, en ese contexto de ir despertando del sueño, también se va extendiendo el diagnóstico consistente en poner bajo la diana al ordenamiento europeo -lo que había sido la estrella de la integración: haberse hecho mediante el Estado de Derecho y con sus procedimientos-, en particular en lo que hace a los requerimientos medioambientales y en el contexto de la política contra el cambio climático y el calentamiento global. Los acuerdos de París de 2015 los firmó todo el mundo pero luego muchos países, empezando por los grandes emisores de CO2 y demás gases de efecto invernadero, han hecho de su capa un sayo, mientras que Europa (sólo ella) ha seguido en esa línea: regulación y burocracia, en suma, pensando en que éramos -seguíamos siendo- el faro intelectual del mundo y los demás nos iban a seguir con arrobo.
La realidad ha sido justo la contraria -lo nuestro tira para atrás, dicho sea con crudeza propia de un Miguel Delibes-, con la consecuencia de que las producciones resultan aquí más caras y por tanto hemos perdido competitividad: de ahí las cifras puestas arriba. Y es que no puede haber un mercado global cuando las normas que nos hemos impuesto (con las mejores intenciones, eso sí) no sólo no ayudan nada sino que esa asimetría normativa -una competencia desleal, al cabo- tiene efectos perniciosos. Una suerte de autopunición: el antifomento, por así decir.
El debate se ha planteado con crudeza en los últimos meses al hilo, por ejemplo, del acuerdo comercial con Mercosur y en concreto en materia de agricultura. Resulta que en América meridional se produce carne, soja o azúcar, entre otros productos calificados de sensibles, con menos miramientos hacia los fitosanitarios o la salud animal (los tratamientos con hormonas están a la orden del día), con lo que sucede que las dos partes del Tratado no van a competir en igualdad, cosa a la que las sociedades de Francia e Italia se muestran especialmente alertas. El Gobierno de esta última terminó dando el OK al texto, pero sólo con algunas importantes salvaguardas, como la suspensión de las concesiones arancelarias cuando los precios en la Unión Europea caigan más del 5 por ciento con respecto a la media de los últimos años o también el deber de la Comisión de actuar en un máximo de veintiún días si corre peligro algún sector de aquí.
Las producciones resultan aquí más caras y por tanto hemos perdido competitividad
Lo mismo o más aún cabe decir al haberse aprobado por Bruselas, el pasado día 4, un proyecto de norma presentado que se conoce como Ley de Aceleración Industrial, con el objetivo de recuperar posiciones en la fabricación de productos, primando el “made in Europa” aunque tenga mayores costes, en singular en materia de automóviles. Aunque, una vez más, sin terminar de aclararse, porque el propio texto, en el Preámbulo, deja claro que sus pretensiones no son de alcance universal: de la lista de sectores estratégicos se predica que “incluye tecnologías de cero emisiones (…), combustibles nucleares (y) tecnologías de propulsión eléctrica para el transporte”, pero excluye “tecnologías digitales, inteligencia artificial, tecnologías cuánticas y semiconductores”.
La industria de esto último, agrupada en la patronal Semi, ha puesto el grito en el cielo: “Europa se propuso en 2023 pasar a fabricar para 2030 el 20% de los chips del mundo” pero “apenas produce el 7,4% de las ventas mundiales”.
En cuanto a los automóviles, lo que el proyecto pretende es que el 70 por ciento del valor de sus componentes (excluyendo, eso sí, las baterías: algo muy discutido pero quizá inevitable a estas alturas) deba proceder de aquí y que el ensamblaje se practique en nuestro continente. A las empresas del sector les parece insuficiente.
En ese contexto de repliegue, más o menos intenso y rápido, del que ha sido el modelo europeo (que es un fenómeno con raíces muy anteriores a los shocks de Venezuela e Irán en estos primeros meses de 2026, porque estamos hablando de fenómenos de longue durée en el sentido de Fernand Braudel) presenta particular interés un libro como el que acaba de publicar Alfonso Ortega Giménez, Profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que pone el foco en el escenario que ha existido hasta ahora: el llamado “efecto Bruselas”, es decir, y como reza el propio título: “La dimensión extraterritorial del Derecho de la Unión Europea” y ello “en el contexto internacional”. Como se explica en la portada, con esa expresión se alude a “la capacidad de la Unión Europea (UE) para influir globalmente mediante la exportación de sus estándares normativos, impactando legislaciones de terceros países en acciones clave como la protección de defensa, la sostenibilidad, la innovación tecnológica y los derechos fundamentales”. Y ello porque “la UE lidera en la gobernanza ambiental, el comercio justo y la cooperación multilateral, posicionándose como un referente en la promoción de un sistema regulatorio global que prioriza la equidad, la sostenibilidad y los derechos humanos”. Todo muy bonito: una pena que sea mera palabrería de lujo.
La UE lidera en la gobernanza ambiental, el comercio justo y la cooperación multilateral
No faltará algún hiperrealista -un cenizo, vamos a llamarle así- que diga que estamos ante un estudio de Historia del Derecho -como si eso fuese suficiente para descalificarlo o como poco despreciarlo- o al menos que versa sobre unos conceptos jurídicos necesitados de una urgente reelaboración, porque se concibieron en lo que Stefan Zweig llamaba -no sin nostalgia, como siempre sucede- el mundo de ayer. Lo cierto es que, al menos a juicio de quien firma estas líneas, que por cierto sigue creyendo que la historia es la maestra de la vida, el hecho de que este libro haya aparecido justo ahora, en 2026, le parece que lo cualifica: resulta particularmente atractivo haberlo podido leer en el contexto de una crisis europea -el efecto Bruselas, lejos de cualquier pretensión expansiva o incluso meramente educadora, a modo de un colonialismo soft, consiste más bien en que Bruselas, con más o menos entusiasmo y con más o menos explicaciones, se pliega y recula porque los hechos son tozudos, mucho más que las ideologías- que se manifiesta a diario y por doquier.
