El Govern de la Generalitat, presidido por Salvador Illa, ha situado la regularización de las urbanizaciones con déficits urbanísticos como una de sus principales prioridades. En Cataluña existen unas 730 en esta situación, en su mayoría construidas entre las décadas de 1960 y 1980 en municipios pequeños, que afectan a entre 120.000 y 130.000 residentes.
Estas urbanizaciones se desarrollaron sin una planificación urbanística adecuada ni previsión suficiente de servicios básicos, lo que ha generado durante décadas carencias en saneamiento, alumbrado, abastecimiento de agua, asfaltado o accesos viarios. Esta situación ha derivado en un bloqueo administrativo y jurídico que ha dificultado su resolución.
Una prioridad del Govern
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, trasladó a más de 80 alcaldes que estas urbanizaciones “dejan de ser un problema aparcado para convertirse en una prioridad”. El objetivo del Ejecutivo es doble: garantizar servicios esenciales y avanzar en la regularización progresiva de estos ámbitos.
Soluciones adaptadas a cada caso
El nuevo enfoque reconoce que no todas las urbanizaciones presentan las mismas condiciones. Por ello, se plantean soluciones diferenciadas.
En los casos en los que existan limitaciones ambientales, riesgos naturales o dificultades territoriales, el suelo podrá mantenerse como no urbanizable, aunque se regularicen las edificaciones existentes y se aseguren servicios básicos como agua, electricidad, alumbrado o seguridad.
En otros supuestos, se contempla una regularización más amplia mediante ajustes urbanísticos, concentración de edificabilidad y mejoras progresivas de las infraestructuras.
Fin del modelo “todo o nada”
El plan abandona el sistema anterior, que exigía resolver simultáneamente todos los déficits urbanísticos, una condición que en muchos casos resultaba inviable para ayuntamientos y vecinos. En su lugar, se apuesta por intervenciones graduales y por fases.
“Las cosas deben hacerse paso a paso”, defendió Illa, abriendo la puerta a regularizaciones parciales que permitan desbloquear situaciones enquistadas desde hace décadas.
Saneamiento y nuevas soluciones técnicas
Uno de los principales retos es el saneamiento. El Govern permitirá la implantación de sistemas autónomos homologados de titularidad municipal cuando no sea viable la conexión a la red convencional por motivos técnicos o económicos. Esta medida busca dar respuesta a zonas dispersas o de difícil acceso.
Apoyo financiero
Para facilitar las actuaciones, el Institut Català de Finances habilitará líneas de crédito en condiciones favorables dirigidas a ayuntamientos y particulares. Estos fondos permitirán ejecutar obras esenciales como redes de agua, saneamiento, alumbrado, accesos y suministro eléctrico sin que el coste inicial suponga un obstáculo.
Un proceso a largo plazo
El Govern reconoce que la ordenación de estas urbanizaciones será un proceso largo que requerirá coordinación entre administraciones y actuaciones sostenidas en el tiempo. La iniciativa se integra en la estrategia más amplia de vivienda y urbanismo del Ejecutivo catalán, junto a otras medidas de planificación y densificación, y se plantea como un reto de país que exige la colaboración entre la Generalitat y los ayuntamientos.
