Según se lee en los medios, la Fiscal General del Estado (FGE) se dispone a desplegar todo su poder en un plan de control de los «casos mediáticos» judiciales que preocupan al Gobierno o, directamente, a Sánchez, que incluirá especiales instrucciones a los Fiscales para que informen ampliamente sobre todos los casos que tengan impacto mediático para el Gobierno y, en su caso, deberán paralizar el curso de las investigaciones hasta recibir instrucciones.
En palabras más simples: en lo que queda de legislatura el Ministerio Fiscal tendrá como tarea prioritaria la protección de los intereses del Gobierno de Sánchez, y el respeto a la equidad y la legalidad se va a hacer puñetas sin disimulo alguno. A eso se añade la purga de los Fiscales que no se alinearon con García Ortiz o, incluso, llegaron a posicionarse en contra suyo, como alguna asociación profesional de Fiscales, que han incurrido en excomunión política.
Nadie sabe cuándo se celebrarán las próximas elecciones generales, salvo, quizá, Sánchez, aunque, si de él depende, será el último día de la legislatura. Sobre los temas que entrarán en la campaña, algunos son previsibles, y no me detendré en repetir cosas que ya se saben. Por supuesto, se hablará de la justicia (un tema que no ha faltado en ninguna campaña electoral) y se repetirán las acusaciones de politización o de militancia contra el Gobierno. Es posible que el actual PSOE reitere sus tesis sobre la necesidad de cambiar radicalmente el modo de seleccionar a jueces, como ya ha adelantado en conocidos documentos elaborados en el Ministerio de Justicia, sustituyendo las oposiciones por procesos de selección (que aseguren amigos y no enemigos, falta por añadir).
Todo eso saldrá a escena pues ha estado en el centro del patio nacional durante esta legislatura, así como el irresoluble tema de la manera de elegir a los miembros del CGPJ, cuya supresión sería, para muchos, la mejor solución.
De cara a las próximas elecciones, y tras la penosa experiencia de la legislatura que acaba, estoy seguro, y me gustaría equivocarme, de que hay un problema que no va a ser tratado con la seriedad y rigor que su importancia capital demanda, y es el de la situación y futuro del Ministerio Fiscal (MF) y de la figura del Fiscal General del Estado, cuando se trata de un tema programático ineludible, tanto en lo que concierne a la manera de elegir Fiscal General como a su relación con el Gobierno así como el Estatuto del Ministerio Fiscal y el sentido de la relación jerárquica en su seno.
Ya sé que hay más temas, como el de los criterios para elegir a los Vocales del CGPJ o a los miembros permanentes del Consejo de Estado y a su Presidente o Presidenta, o a los de los Consejos rectores de otros entes, asientos que tanto juego dan en orden a satisfacer las exigencias de los socios parlamentarios. Pero ninguno de esos temas tiene la importancia de la Fiscalía del Estado.
Ese problema se ha de tratar en dos direcciones. Una primera, estrictamente procesal, va referida a la implantación plena del principio acusatorio encomendando su ejercicio si no único, sí prioritario, al Fiscal, reduciendo drásticamente las posibilidades de ejercicio de la acción popular y acabando con los profesionales de su utilización, cuyos nombres están en la mente de todos.
La segunda dirección es mucho más importante y es la referida a la relación entre el Gobierno y el MF con la consecuencia, visible en esta última legislatura con escandalosa claridad, de subordinación o indisimulada entrega a los intereses del Gobierno, aunque éste no sea el primer Gobierno que haya actuado así, pero nunca al extremo de usar al Fiscal como el Abogado particular del actual PSOE.
En el tema de la relación entre el Gobierno y la FGE lo que ha venido sucediendo durante estos últimos años era previsible desde que el propio Sánchez se jactó de que el Fiscal dependía del Gobierno, y eso, dicho por él, significaba que las misiones que la Constitución encomienda al MF deberían interpretarse con subordinación a los intereses que en cada momento tuviera el PSOE, el Gobierno o, directamente, el propio Presidente.
Esa subordinación ha sido visible en los posicionamientos del MF en cuantos asuntos han tenido ese “perfil”, sean los que afectaban a la familia de Sánchez o, particularmente, al interés político del PSOE en golpear al PP o a alguna de sus figuras más conocidas. Con respecto al lamentable episodio del juicio y condena del FGE sorprende la actitud gubernamental y de los sectores que le son afines, incluyendo algunos medios de comunicación, pues , lejos de correr un pudoroso velo sobre lo sucedido, se han lanzado a la descalificación del Tribunal Supremo, a quien han acusado de algo parecido a una prevaricación colectiva, además, por supuesto, de apoyar la petición del propio ex FGE en
orden a que el TC “anule” la condena, lo que no es tan fácil. Pero no entraré en eso.
No terminan ahí las reacciones: la Carrera Fiscal está siendo sometida a un implacable examen orientado a señalar quiénes se posicionaron sin fisuras del lado del Fiscal condenado (y no entro en el tema de la condena) y quiénes se mantuvieron en su obligado sometimiento a las obligaciones de su cargo, y a estos últimos se les negará el pan y la sal, al mientras que la FGE la ocupe su actual titular (que cesará si cambia el Gobierno luego de las elecciones). El próximo relevo de la actual Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, culpable de haber dicho la verdad cuando declaró como testigo en el juicio por los hechos imputados a García Ortiz habla por sí solo del talante y del programa de la FGE para lo que quede de legislatura.
Evidentemente, este último escándalo ha sido la puntilla que ha acabado con el maltrecho prestigio del Ministerio Fiscal, dignísimo colectivo de profesionales que no merece el trato y la imagen pública que se ha transmitido de ellos.
La reforma, que ya era urgente, se ha tornado en inaplazable, y necesariamente ha de afrontar, ante todo, la cuestión de la relación entre el FGE y el Gobierno que lo nombra y (por ahora) lo elige. A eso le habrá de seguir el contenido y alcance de la dependencia jerárquica que marca el régimen interior de los miembros del MF. El MF está jerarquizado, es cierto, y así lo establece el art. 124-2 de la Constitución. Eso tiene una teórica razón de ser, que es la unificación de criterios en su funcionamiento ante los tribunales, lo que incluye la interpretación de las leyes, que sería incompatible con la libre iniciativa de cada fiscal concreto.
Sin embargo, en modo alguno la jerarquización puede comportar el deber de obedecer instrucciones que se aparten del respeto a la legalidad, que marca absolutamente su actuación, como también señala el mismo art. 124 CE, que declara que el MF tiene por misión “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”.
Sería injusto imputar al Gobierno de Sánchez el deseo de controlar al MF y, conforme a ese objetivo, nombrar para el cargo a quien mejor garantice una actuación ajustada a los intereses del Ejecutivo o del propio Presidente. Eso lo han hecho los sucesivos gobiernos, fueran del PSOE o del PP, con las excepciones que se quiera. Acaso en la última experiencia esa desviación partidista ha sido más descarada o indisimulada, y esa crítica es muy anterior a los sucesos de los últimos meses que culminaron con la lamentable condena del FGE por el Tribunal Supremo, que apreció datos bastantes para imputar un delito de revelación de secretos o informaciones conocidas por razón del cargo. Del hecho y su valoración jurídica nada diré, pero lo que está fuera de duda es que con ese motivo se pudo contemplar un vergonzoso espectáculo de actuación de la Fiscalía en abierta sintonía con los intereses del Gobierno en la contienda política.
Establecer un nuevo sistema de elección del FGE es una tarea delicada, pero no imposible. El modo establecido en la Constitución ha probado sus defectos y, de hecho, incompatible con la deseable imagen de autonomía del Ministerio Fiscal. Pero hay que recordar que cualquier modificación pasaría por una reforma constitucional, pues el art. 124-4 de la Constitución dispone que “el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial”. Esto no puede obviarse sin una modificación, que, a su vez, debería orientarse a multiplicar las garantías de que la elección no está guiada por intereses sectarios. Una meta que solo se podría conseguir exigiendo que el nombramiento vaya precedido de una aprobación del candidato avalada por una mayoría de dos tercios del Congreso, como ya se ha propuesto tanto doctrinalmente como, ya hace años, desde alguna asociación profesional de fiscales.
¿Habrá alguna vez voluntad política para emprender una reforma de esa envergadura, que requiere amplios consensos? Es difícil, a la vista de la bajísima prioridad que se da al interés general en la “cultura política” española. Pero lo último que hay que perder es la esperanza.
