La nueva política migratoria de la Unión Europea ha entrado en una fase decisiva tras la aprobación del reglamento final de retornos por parte del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. Esta normativa abre la puerta a la creación de centros de deportación de migrantes en terceros países, lo que supone un giro hacia un enfoque más restrictivo centrado en acelerar las devoluciones de personas sin derecho a asilo.
Aunque el marco legal ya está aprobado a nivel comunitario, su aplicación dependerá de cada Estado miembro. Esto ha llevado a varios gobiernos a avanzar por su cuenta o en pequeños grupos, sin esperar una estrategia conjunta de los Veintisiete.
Europa de dos velocidades
Según fuentes diplomáticas, entre dos y cinco países europeos están coordinándose para explorar acuerdos con terceros países en regiones como África, los Balcanes o Asia Central, con el objetivo de replicar el modelo italiano en Albania de centros de procesamiento fuera de la UE. Esta dinámica refuerza la idea de una “Europa de dos velocidades”, donde algunos Estados avanzan más rápido en las llamadas “soluciones innovadoras” que el conjunto del bloque.
Liderazgos y alianzas
La primera ministra italiana Giorgia Meloni ha sido una de las principales impulsoras de este enfoque migratorio con su plan en Albania, aunque actualmente Italia se mantiene más al margen a la espera de resoluciones judiciales.
También destaca el papel de la primera ministra danesa Mette Frederiksen, quien ha apoyado el endurecimiento de la política migratoria en la UE, lo que ha ayudado a reunir a varios países en torno a esta agenda pese a liderar un gobierno socialdemócrata.
Entre los Estados más interesados en este modelo se encuentran Alemania, Austria y Grecia, mientras que Países Bajos, junto a socios como Dinamarca y Suecia, también respalda las “soluciones innovadoras” y estudia posibles ubicaciones, con el argumento de que estos centros serían legalmente viables.
Búsqueda de socios externos
La principal dificultad es encontrar países dispuestos a acoger centros de deportación, ya que no existen acuerdos concretos, aunque en Bruselas se mencionan posibles ubicaciones en África. En informes anteriores han aparecido Túnez y Uganda, sin confirmación oficial, mientras la UE plantea incentivos como facilidades en visados o cooperación comercial a cambio.
Normas más estrictas
El nuevo reglamento europeo crea una “orden europea de retorno” y amplía la detención hasta 24 meses, con posibles extensiones, con el objetivo de aumentar la eficacia de las deportaciones, ya que actualmente solo el 28% de las personas sin derecho a permanecer en la UE son expulsadas.
Sin embargo, organizaciones humanitarias advierten del impacto de estas medidas, en un contexto en el que Frontex estima una caída del 40% de las llegadas irregulares en 2026, mientras la OIM ha registrado más de 1.200 muertes en el Mediterráneo este año.
División política en la UE
El debate refleja una creciente división dentro de la Unión Europea sobre la gestión de la migración irregular. Mientras algunos gobiernos defienden estas medidas para ordenar los flujos migratorios, otros países como España se oponen a la externalización de las devoluciones, en un contexto donde las posturas más restrictivas ganan peso en las instituciones europeas.
