La exconsellera de Salud de la Generalitat Alba Vergés se sentará desde este martes en el banquillo de la Audiencia de Barcelona, junto a tres antiguos altos cargos de su departamento, acusada de discriminar a policías nacionales y guardias civiles frente a los Mossos d’Esquadra durante la campaña de vacunación contra el covid-19.
El juicio comenzará con la celebración de las cuestiones previas y está previsto que se prolongue hasta el próximo 15 de julio. La Fiscalía solicita 12 años de inhabilitación para Vergés y para los otros tres acusados por un presunto delito de prevaricación.
La Fiscalía acusa a Salud de paralizar la vacunación
Junto a la exconsellera también están acusados el que fuera secretario general de Salud, Marc Ramentol; el exdirector del Institut Català de la Salut (ICS) y posterior conseller, Josep Maria Argimon; y el exdirector del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella.
Según el Ministerio Público, los cuatro acordaron de forma conjunta el 24 de marzo de 2021 paralizar la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, pese a que ya existía un calendario pactado con representantes de ambos cuerpos y las primeras inmunizaciones estaban previstas a partir del 15 de marzo.
La Fiscalía sostiene que los acusados eran «plenamente conscientes» de que esa decisión dejaba a los agentes estatales sin protección frente al virus, mientras la mayoría de los policías autonómicos y locales ya habían recibido la vacuna.
Un mensaje interno centra parte de la acusación
Entre las pruebas incorporadas a la causa figura un mensaje enviado el 24 de marzo por una integrante del gabinete de Vergés a la responsable del proceso de vacunación en la Conselleria de Salud.
En ese mensaje se afirmaba: «Otra vez, la consellera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podemos argumentarlo. Lo tendríamos que parar».
Para la Fiscalía, esa comunicación evidencia la decisión de frenar la vacunación de ambos cuerpos estatales pese a que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud había acordado priorizar la inmunización de los colectivos con funciones esenciales.
La defensa sostiene que se siguieron criterios sanitarios
Durante la fase de instrucción, Alba Vergés defendió que el calendario de vacunación fue consensuado con el Ministerio de Sanidad y el resto de comunidades autónomas y que las decisiones respondieron exclusivamente a criterios sanitarios para proteger antes a los colectivos más vulnerables.
No obstante, la Fiscalía sostiene que, tras levantarse la suspensión temporal de la vacuna de AstraZeneca, el Departamento de Salud decidió priorizar la vacunación de las personas de entre 60 y 65 años, dejando nuevamente en segundo plano a policías nacionales y guardias civiles.
Según el escrito de acusación, en aquel momento únicamente estaban vacunados el 2,8 % de los guardias civiles y el 3,6 % de los policías nacionales, frente al 77 % de los Mossos d’Esquadra y guardias urbanos, el 77,9 % de las policías locales y el 68,9 % de los bomberos.
