La gestión política del Gobierno de Pedro Sánchez atraviesa una profunda crisis de credibilidad. Da la impresión de que su único objetivo es mantenerse en el poder, sea cual sea el precio y con independencia de los apoyos que necesite para conseguirlo. Un presidente que, además, no ha logrado aprobar unos Presupuestos Generales del Estado desde 2023 difícilmente puede sostener que dispone de una mayoría política sólida para gobernar. En cualquier empresa privada, una situación de bloqueo semejante abriría un debate inmediato sobre la continuidad de su dirección. En política debería ocurrir lo mismo: convocar elecciones y devolver la palabra a los ciudadanos.
Hay momentos en los que uno tiene la sensación de que el presidente del Gobierno vive completamente desconectado de la realidad o que se considera inmune al desgaste político y a la rendición de cuentas. Y, a veces, parece que ambas circunstancias coinciden.
Resulta difícil comprender que, después de que el Congreso aprobara una iniciativa impulsada por el Partido Popular instando al presidente a someterse a una cuestión de confianza, con el respaldo de Vox, Junts, Coalición Canaria y UPN, Pedro Sánchez abandonara el hemiciclo entre sonrisas y aplausos de sus socios parlamentarios.
La pregunta es inevitable: ¿qué motivo tiene para sonreír en un momento de semejante deterioro institucional? ¿Se ríe de la oposición, del Parlamento o, sencillamente, de todos los españoles?
Todo ello sucede mientras continúan acumulándose los escándalos y las investigaciones judiciales que afectan al entorno político y personal del presidente del Gobierno. Exministros, antiguos dirigentes del PSOE y personas de su máxima confianza han sido investigados o procesados en distintas causas por presuntos delitos relacionados con corrupción, tráfico de influencias, malversación u organización criminal. A ello se suman las
investigaciones que afectan a personas de su entorno familiar, como su esposa y hermano, y otros episodios que siguen siendo objeto de actuación judicial.
El problema ya no es únicamente judicial. Es, sobre todo, político. Cuando un Gobierno aparece rodeado de investigaciones, sospechas y un deterioro constante de su imagen institucional, lo exigible en una democracia madura es asumir responsabilidades políticas. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo ha sido, con demasiada frecuencia, desacreditar a jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad o a cualquiera que cuestione su actuación.
Lejos de ofrecer explicaciones convincentes o asumir responsabilidades, el Gobierno ha optado por instalarse en una estrategia permanente de confrontación y victimismo. Con frecuencia, responde a las críticas denunciando una supuesta operación de lawfare, atribuyendo las investigaciones judiciales a una persecución política o mediática en lugar de afrontar el fondo de los asuntos que se investigan. Esa estrategia, además de erosionar la confianza en las instituciones, supone un grave desgaste para la separación de poderes, al sembrar dudas sobre la independencia de jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad cada vez que sus actuaciones resultan incómodas para el Ejecutivo. Esa actitud no fortalece las instituciones; las debilita.
Mientras tanto, los problemas reales de los ciudadanos siguen esperando soluciones. La seguridad en ciudades como Barcelona necesitan un refuerzo urgente, las listas de espera sanitarias continúan creciendo; miles de personas dependientes aguardan ayudas durante meses; el sistema educativo afronta importantes desafíos; el acceso a la vivienda se ha
convertido en una preocupación creciente para muchas familias; y el coste de la vida sigue obligando a miles de españoles a hacer auténticos malabares para llegar a fin de mes.
España necesita un Gobierno centrado en resolver los problemas de los ciudadanos, no en sobrevivir políticamente una semana más.
Por dignidad democrática, ha llegado el momento de devolver la voz a los españoles. Cuando un Gobierno pierde la estabilidad parlamentaria, acumula un profundo desgaste institucional y se ve rodeado de una sucesión ininterrumpida de escándalos, la respuesta más democrática no consiste en aferrarse al poder, sino en convocar elecciones.
Permitir que sean los ciudadanos quienes decidan el rumbo del país sería un ejercicio de respeto institucional y de higiene democrática. Por desgracia, da la impresión de que ni el respeto institucional ni la responsabilidad política figuran hoy entre las prioridades del presidente del Gobierno.
